1. INTRODUCCIÓNEl comienzo del siglo XXI representa para América Latina una oportunidad histórica para consolidar nuestra identidad latinoamericana, fortaleciendo la unidad entre los países de la región. Tenemos ante nosotros la oportunidad de definir nuestro rumbo y nuestro destino desde nuestra mirada.
Hemos aprendido que los destinos de las naciones les corresponden sólo a ellas y que ningún consenso es válido si no responde a las necesidades de los pueblos. La fuerza enorme con que el proyecto neoliberal se instaló en América latina, y que encontró en nuestro país un alumno predilecto, ha logrado convertirnos, en poco tiempo, en el continente más desigual del mundo.
La experiencia y los hechos revelaron el fracaso de las recetas neoliberales. Sin derrame, sin distribución del ingreso, sin generación de empleo, sin cohesión social; con exclusión, marginación, fragmentación, desempleo, pobreza, indigencia y desigualdad. El balance es sencillo y la dura realidad exige acciones concretas, creativas y transformadoras.
Reconociendo la complejidad del diagnóstico y las dificultades prevalecientes, nos propusimos transformar la realidad desde la reconstrucción de un Estado presente y activo que no debe limitarse a poner “parches” a las deficiencias del mercado. Es un Estado que reconoce la inexistencia de invisibles y actúa sobre los intereses reales.
Hemos aprendido que las situaciones naturalizadas no son tales, que no hay realidades irreversibles, que la voluntad y el compromiso de los pueblos por asumir su destino y consagrar su bienestar arrebatados, es una fuerza que vence cualquier poderosa receta. La creatividad, el esfuerzo y los saberes de cada nación harán a su propio destino. No hay fórmulas, ni pensamientos mágicos, lo único que nos resta es trabajar y transformar una realidad que sigue siendo dolorosa, sabiendo que es nuestra responsabilidad modificarla. En ese camino nos encontramos.
A continuación detallaremos brevemente los ejes de intervención y las acciones concretas que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación viene ejecutando en este sentido.
2. LINEAS DE GESTIÓN: ejes de intervención de la política social
En nuestro país, el horizonte de las transformaciones sociales tiene como sustento indiscutible los valores compartidos e irremplazables en torno a los derechos humanos y la justicia social y sobre el marco institucional que ellos promueven. El ideario social que guía nuestro accionar está unido a los criterios de equidad, territorialidad y la promoción de derechos, desde los cuales se tejen las líneas de gestión e intervención que asumen nuestras políticas.
La carencia de oportunidades, la inequidad, el despojo de los derechos y obligaciones de las familias producto del modelo neoliberal, hoy se revierte a partir de un Estado que vuelve a asumir el rol protagónico, haciéndose presente, articulando el tejido social, garantizando el respeto y ejercicio efectivo de los derechos y obligaciones en el proceso de construcción de una ciudadanía plena.
Hablamos de ciudadanos y no de beneficiarios, de promoción y no de asistencialismo.
Hablamos de superación y de la posibilidad de acceder a un real desarrollo.
En casi cuatro años de gestión hemos avanzado hacia la consolidación de políticas sociales integrales, comprometidas con el ámbito local y promotoras del tejido social. Nuestro primer objetivo: contribuir progresivamente a la mejora de las condiciones de vida de las familias y comunidades más vulnerables de nuestro país, donde todos se reconozcan y sean reconocidos como sujetos de derechos.
Trabajamos en pos de la recuperación del sentido de comunidad y la consolidación de la cohesión social, entendiendo que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, donde el Estado cumple un rol estratégico como máxima instancia de articulación social.
El Estado se asume como tal y a partir de políticas sociales de fuerte inversión social, prácticas y diagnósticos participativos y herramientas de control social y gestión asociada, se propone hallar soluciones en referencia directa a las necesidades sociales detectadas en cada lugar. Se trata de una política social integral que promueve, capacita y desarrolla.
Trabajamos desde un nuevo paradigma, en el cual la noción de Política Social Integral implica el reconocimiento de la multidimensional del Sujeto social anclado en su historia. Un sujeto que conjuga formas de vida, experiencias, desafíos y que se construye continuamente a partir del mutuo reconocimiento con el otro y su territorio en la perspectiva de derechos y obligaciones.
Así concebida, la Política Social asume la centralidad y la integralidad de las acciones en función de la multiplicidad de los contextos, otorgándole una clara direccionalidad política en términos de promoción y desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, desde su propio territorio y participación.
Concretamente, redefinimos la estrategia de intervención de un Estado en movimiento y responsable que persigue la equidad territorial, respetando la diversidad, la idiosincrasia e identidad de cada región, promoviendo la articulación entre diferentes instituciones y actores sociales.
No aprobamos las visiones fragmentadas de la realidad, sino que asumimos la complejidad de las problemáticas y buscamos dar una respuesta integral a los problemas existentes, pues la verdadera dimensión de una política social toma en cuenta todos los campos de la realidad, sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Abordaje integral a problemas complejos, ese es el objetivo que nos guía.
Este modo de concebir la política social implica:
· Reconocer la dinámica territorial propia de cada zona, provincia, municipio o región, actuando en forma coordinada en pos de una política social dirigida directamente a las necesidades detectadas y demandadas desde cada lugar, promoviendo respuestas a partir de la revalorización de las propias capacidades y la experiencia comunitaria.
· Considerar a la Familia como principal eje de la política social, como el ámbito primario para la integración social y el desarrollo de las personas.
· Concebir el empleo como eje de la inclusión social y estrategia central en la erradicación de la pobreza. Nuestro Ministerio promueve el desarrollo y fortalecimiento del Desarrollo Local y de la Economía Social los cuales, apoyándose en el Microcrédito y a través de innovadoras estrategias de comercialización, permiten a emprendedores de escasos recursos la obtención de empleo, recursos genuinos y el desarrollo y aplicación de sus propias capacidades, al tiempo que se fortalecen y reconstruyen los vínculos solidarios y la cultura del trabajo como elemento integrador.
· Impulsar la participación ciudadana a través de la generación de espacios inclusivos. Para ello, hemos implementado los Consejos Consultivos, que recuperan la modalidad de gestión asociada entre el Estado y la sociedad civil.
· Integralidad y articulación de las políticas sociales. En oposición al paradigma neoliberal, proponemos en nuestras políticas sociales una mirada integral y una intervención de igual sentido. Esta nueva concepción implica un enorme esfuerzo de articulación. Rescatamos y fortalecemos los espacios existentes, resguardando de no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local.
Esta visión articulada de “lo social” hizo necesario su institucionalización a través del fortalecimiento de la Red Federal de Políticas Sociales, caracterizada por el rol activo del Estado con capacidad de garantizar una fuerte inversión social. En este sentido, los tres Planes Nacionales, que desarrollamos a continuación, representan oportunidades destinadas a concretar estos principios rectores de la Política Social.
La asistencia y la protección social, se han transformado en instrumentos necesarios para afrontar la crítica situación social y, en este sentido, constituyen el primer ejercicio insoslayable de justicia social. No obstante, nuestro deber y nuestro trabajo cotidiano, apunta a consolidar la función vital del desarrollo social, es decir, la promoción de los derechos ciudadanos, la movilidad social, el fortalecimiento familiar, el desarrollo de las capacidades y la libertad de las comunidades.
3. POLITICAS SOCIALES EN ACCIÓN:
A continuación presentaremos los contenidos básicos y los objetivos de nuestros tres Planes Nacionales:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, impulsa un proceso de articulación entre las áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación, organizaciones no gubernamentales y el ámbito local, con el propósito de brindar una respuesta de calidad al derecho a la seguridad alimentaria (1).
Con el objetivo de incentivar el ejercicio de derechos, el Plan impulsa acciones complementarias relacionadas con la atención primaria de la salud y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación alimentaria y nutricional, apoyando la autoproducción de alimentos y fortaleciendo a la escuela como promotora de crecimiento y desarrollo.
En esta idea constante de afianzar el ejercicio de los derechos, es relevante mencionar la entrega de tickets y tarjetas de compra de alimentos que, acompañados por un sistema de capacitación, significan una oportunidad para que las personas recuperen la capacidad de elegir sus alimentos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, afianzando el objetivo de fortalecer la comensalidad familiar.
El Plan Nacional “Manos a la Obra” promueve y fortalece los ámbitos productivos a través de la generación de empleo y la participación ciudadana en espacios comunitarios, contribuyendo a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social.
El propósito del Plan es alcanzar un desarrollo social y económico sustentable que permita concretar la inclusión social en un marco de equidad y participación. Sus líneas de acción se estructuran a través del apoyo económico y financiero, el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica y la capacitación.
El Plan ha logrado consolidar una red pública con la intervención del Estado nacional y la sociedad civil para la aplicación de las políticas sociales integrales, la gestión descentralizada, articulando capacidades y responsabilidades, agilizando la aplicación de sus fondos, así como la consolidación de procesos participativos, intersectoriales, respetando el perfil productivo y de servicios de cada región, a través de las unidades de evaluación provinciales, microregionales y municipales, verdadero ejemplo del trabajo conjunto de los representantes técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de los organismos locales participantes.
Por último, el Plan Nacional Familias que atraviesa transversalmente a los otros planes nacionales, tiene por objetivo fortalecer el núcleo familiar como generador de valores, preservando la identidad cultural y la protección de derechos.
Se trata de desarrollar las capacidades y factores de protección de las familias, como forma de prevención de disfunciones y vulnerabilidad, a través de la información, orientación, educación y el apoyo oportuno y solidario.
En este sentido, es de destacar la reciente sanción de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes” que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables.
Enmarcado en el Plan Familias, se halla un componente interesante en el proceso de construcción de ciudadanía: el Programa “Familias por la inclusión social” que combina derechos y obligaciones. Dirigido a familias en situación de riesgo social, establece la transferencia de ingresos no remunerativos, con la condición de que la familia asuma su responsabilidad en el cuidado de la salud y garantice la asistencia escolar de los niño/as a su cargo.
Además de estos tres planes centrales, y en base a la lógica territorial, se articulan otros dispositivos transversales que alientan la organización de los ámbitos comunitarios locales:
· El Programa de “Promotores Territoriales para el Cambio Social”, otorga especial importancia a los procesos de organización y participación comunitaria, favoreciendo el protagonismo de los sectores populares,
· Los “Centros Integradores Comunitarios” que integran desde el territorio, planteando un trabajo interdisciplinario e intersectorial combinando la atención primaria de la salud y el desarrollo social;
· El “Tren de Desarrollo Social y Sanitario”, que recorre todo el país acercando asistencia directa, promoción y prevención, a través de la conjugación de las áreas social y médica en el abordaje integral;
· Los “Centros de Referencias del Ministerio de Desarrollo Social”, considerados el nodo territorial de la estrategia articuladora en el avance hacia la consolidación del modelo de gestión integral.
Estos son claros ejemplos de prácticas que promueven el protagonismo y la participación de los sectores populares y comunitarios en la definición de la política social, la profundización del desarrollo estratégico local y regional, y el trabajo interdisciplinario.
Una herramienta fundamental para hacer efectiva esta estrategia de abordaje así como para mejorar la gestión de gobierno y la optimización de los recursos, es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Este organismo está presidido por el Ministro de Desarrollo Social, y forman parte estable del mismo los Ministerios de Salud y Ambiente; Educación, Ciencia y Tecnología; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Economía y Producción; el de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La existencia de este espacio institucional, para el logro de la articulación de nuestras políticas y del abordaje integral de los problemas existentes, es invaluable y representa un desafío que nos impone su superación y la obtención del logro.
En definitiva, en esta estrategia de desarrollo con crecimiento e inclusión social perseguimos el fortalecimiento de la familia, generando igualdad de oportunidades que posibiliten la movilidad social ascendente que nos caracterizó en otros tiempos, permitiéndonos ser los artífices de nuestros destinos.
4. CONCLUSIONES
Formamos parte de un proceso de transformaciones, de la apertura de un nuevo capítulo político en América Latina, expresado en la recuperación de la política como herramienta de cambio en la transformación de la realidad.
Destacamos en la región la expansión de gobiernos de raigambre popular, que vienen a generar una alternativa a la desastrosa experiencia de décadas de aplicación a ultranza del neoliberalismo y tienen ante sí la responsabilidad y la enorme tarea de reconstruir los lazos sociales, restituir los derechos y garantizar su cumplimiento, promover el bienestar, e impulsar la construcción de sociedades equitativas.
Las demandas de nuestros pueblos no tienen dobleces y las respuestas que promovemos como gobierno, se orientan a las mismas, en una estrategia de largo plazo que combate las causas de los problemas de manera integral.
El Gobierno Nacional, en la redefinición del Estado, ha optado por un rol activo, promotor, presente y, cuando es necesario protector, que asegure la inversión social y la instalación de capacidades y patrimonio en cada territorio.
En su estrategia se combinan crecimiento económico y políticas sociales activas, que han permitido - desde el 2003 - mejorar significativamente los datos socioeconómicos.
En casi cuatro años de gestión, se observan resultados mucho más vastos que los ya elocuentes números. Así, mientras en el Primer Semestre del 2003, los índices de Pobreza e Indigencia trepaban al 54 % y 27.7 % respectivamente, siendo el Desempleo de 19.1%, en el Segundo Semestre de 2006 el indicie de Pobreza alcanzaba el 26.9 %, la Indigencia era de 8,7%, mientras que el Desempleo disminuyó al 9,5 en el segundo semestre del año 2006.
Asimismo, se logró una reducción de la brecha de ingresos (la diferencia de ingresos entre el decil más rico y el más pobre) de 42 veces en mayo de 2002 a 31 veces en el cuarto trimestre de 2006. Del mismo modo, el Coeficiente de Gini hacia el segundo trimestre del 2006 se ubicó en el 0.483, siendo que en igual período del 2005, la cifra se ubicaba en los 0.494.
También, ponemos de relieve el sostenido incremento de la Inversión Social Total que, según el Presupuesto Nacional 2007 trepa a unos $77.765,9 millones (USD 25.076.03 millones), constituyendo el 64% del total de los gastos corrientes del Presupuesto, consolidando, asimismo, un incremento respecto del presupuestado en el 2006 del 22.7%.
Antes de finalizar, es preciso mencionar el compromiso que nuestro país asumió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, proclamados unánimemente por las Naciones Unidas en el año 2000. Su logro es considerado una cuestión de Estado. Sin embargo, el compromiso se extiende mucho más allá que la reducción en un 50% en los índices de pobreza e indigencia para el 2015. Trabajamos por derrotar, para siempre, la exclusión en la sociedad argentina, a partir del empleo, la educación, la salud que permitan garantizar el bienestar de nuestro pueblo.
Hoy, la Argentina se encuentra nuevamente en condiciones de afrontar el desafío de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y los datos antes reseñados son una muestra de que se está por el buen camino.
Nuestra agenda social trabaja sobre las desigualdades sociales, las zonas de precariedad y vulnerabilidad, buscando la integración social, con políticas de inclusión productiva, social y cultural.
Impulsamos la recuperación de redes de desarrollo, a partir de la descentralización y la participación comunitaria. Apostamos a la construcción de un país sin excluidos. Resta mucho trabajo y el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Es un proyecto colectivo, una utopía que se construye y se hace realidad entre todos.
(1) Ley Nacional de Seguridad Alimentaria Nº 25.274
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