Cuando se iniciaron las negociaciones para destrabar el conflicto con el campo, el presidente de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, en una intervención no consensuada con sus pares, propuso la creación de una nueva Junta Nacional de Granos, idea que fuera tomada de buen grado por la Presidenta. El episodio fue relatado por La Nación (12 de abril de 2008) de la siguiente manera: “Tenemos que hablar de una Junta Nacional de Granos”, la azuzó Buzzi. Ni lerda ni perezosa, ella (la Presidenta) contrarrestó: “Pero ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Los cuatro están de acuerdo?”. Y los escudriñó con la mirada. Los otros tres, Luciano Miguens (SRA), Mario Llambías (CRA) y Fernando Gioino (Coninagro), miraron sin responder. “Pero también tenemos que plantear una ley de arrendamiento”, dijo Buzzi. Al término de la reunión, los restantes representantes de las entidades agropecuarias se mostraron en desacuerdo con la propuesta de Buzzi. En los días posteriores el tema salió de la agenda.
¿Qué implicaría hoy la reedición de una entidad como la JNG?
Esta rebelión del campo mecanizado tuvo un antecedente en diciembre de 2006 cuando la tendencia al crecimiento del precio de la soja en el mercado internacional se iba consolidando. Una de las propuestas que enunciaban los especialistas en el sector agropecuario era la creación de un ente que equilibrara las relaciones de poder en el interior de la cadena de valor. Ya en diciembre de 2006, el especialista en política agropecuaria Horacio Giberti proponía la recreación de la Junta Nacional de Carnes y de la de Granos, aduciendo que “era el único instrumento que podía poner en vereda a los exportadores” (PáginaI12, Cash, 17 de diciembre de 2006).
En la actualidad existen pocos planteos concretos acerca de cómo podría ser un nuevo ente de regulación del comercio de granos. Sin duda el más importante es el proyecto de ley que presentara, en agosto de 2007, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Alberto Cantero para “crear el Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario (Enpyccaa)” que tendría a su cargo ejecutar las políticas que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos defina a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población argentina.
Las competencias de la entidad serían:
a) Promoción de las buenas prácticas comerciales de las personas físicas o jurídicas que operan en el mercado agropecuario y agroalimentario.
b) Sanción de las prácticas desleales, monopólicas, monopsónicas, oligopólicas u oligopsónicas realizadas en producción, industrialización y distribución de alimentos.
c) Seguimiento y control de las exportaciones de productos y/o subproductos agroalimentarios.
d) Aplicación de mecanismos antidumping para productos y/o subproductos alimenticios que pudieran dañar el aparato productivo nacional.
e) Compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por sí o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población argentina.
f) Implementación de promociones, estímulos, apoyos económicos y beneficios fiscales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, transparencia y competitividad en la cadena agroalimentaria y equidad en la distribución de la renta de la misma.
Según el propio impulsor “esta nueva entidad pretende promocionar determinados cultivos e impulsar la seguridad alimentaria, tal cual hacen todos los países desarrollados. Pretendemos contar con una herramienta que garantice la alimentación de todos los argentinos por un período de tres años. Es decir que el Estado sabrá exactamente cuál es su stock de alimentos, cuánto se produce mensualmente, cuánto se transforma y cuánto se exporta. Será un organismo con autoridad para asegurar la libertad de competencia y transparencia de los mercados; evitará la cartelización de los grandes productores y las conductas oligopólicas tanto en la compra como en la venta de alimentos. El comercio de granos y alimentos está concentrado en muy pocas manos” (PáginaI12, 11 de abril de 2008).
La FAA ya habría dado su acuerdo con el proyecto. El mismo se encuentra en discusión en el Congreso y se espera que avance presuroso a la luz de los problemas que el exceso de libertades a los exportadores produce sobre los intereses de la Nación y de gran parte de los argentinos, en particular de los pequeños productores de soja y de los trabajadores de las producciones menores (algodonera, frutihortícola, tambera).
Nuestro país ha pecado de un exceso de liberalismo en los años noventa, que entronizando el mercado terminaría, a mediano o largo plazo, devorándose la fuente de la riqueza del ciclo actual. El intento del Gobierno de revertir esa situación mediante la apropiación de una parte de las ganancias extraordinarias está chocando con una férrea oposición de intereses. El discurso con el que se viste esta negativa es la unilateralidad del Gobierno. Ahora bien, si se retomara la propuesta original que Buzzi lanzara de forma brutal y sincera en la primera reunión con la Presidenta, ¿sería una medida unilateral, inconsulta e impuesta? Tal vez lo que haya que discutir es cuál será el destino de los fondos e incluso exigir que el superávit fiscal tenga como objetivo encauzar al país en un modelo de desarrollo integrador de las distintas regiones, sectores económicos y grupos sociales.
¿Qué implicaría hoy la reedición de una entidad como la JNG?
Esta rebelión del campo mecanizado tuvo un antecedente en diciembre de 2006 cuando la tendencia al crecimiento del precio de la soja en el mercado internacional se iba consolidando. Una de las propuestas que enunciaban los especialistas en el sector agropecuario era la creación de un ente que equilibrara las relaciones de poder en el interior de la cadena de valor. Ya en diciembre de 2006, el especialista en política agropecuaria Horacio Giberti proponía la recreación de la Junta Nacional de Carnes y de la de Granos, aduciendo que “era el único instrumento que podía poner en vereda a los exportadores” (PáginaI12, Cash, 17 de diciembre de 2006).
En la actualidad existen pocos planteos concretos acerca de cómo podría ser un nuevo ente de regulación del comercio de granos. Sin duda el más importante es el proyecto de ley que presentara, en agosto de 2007, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Alberto Cantero para “crear el Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario (Enpyccaa)” que tendría a su cargo ejecutar las políticas que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos defina a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población argentina.
Las competencias de la entidad serían:
a) Promoción de las buenas prácticas comerciales de las personas físicas o jurídicas que operan en el mercado agropecuario y agroalimentario.
b) Sanción de las prácticas desleales, monopólicas, monopsónicas, oligopólicas u oligopsónicas realizadas en producción, industrialización y distribución de alimentos.
c) Seguimiento y control de las exportaciones de productos y/o subproductos agroalimentarios.
d) Aplicación de mecanismos antidumping para productos y/o subproductos alimenticios que pudieran dañar el aparato productivo nacional.
e) Compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por sí o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población argentina.
f) Implementación de promociones, estímulos, apoyos económicos y beneficios fiscales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, transparencia y competitividad en la cadena agroalimentaria y equidad en la distribución de la renta de la misma.
Según el propio impulsor “esta nueva entidad pretende promocionar determinados cultivos e impulsar la seguridad alimentaria, tal cual hacen todos los países desarrollados. Pretendemos contar con una herramienta que garantice la alimentación de todos los argentinos por un período de tres años. Es decir que el Estado sabrá exactamente cuál es su stock de alimentos, cuánto se produce mensualmente, cuánto se transforma y cuánto se exporta. Será un organismo con autoridad para asegurar la libertad de competencia y transparencia de los mercados; evitará la cartelización de los grandes productores y las conductas oligopólicas tanto en la compra como en la venta de alimentos. El comercio de granos y alimentos está concentrado en muy pocas manos” (PáginaI12, 11 de abril de 2008).
La FAA ya habría dado su acuerdo con el proyecto. El mismo se encuentra en discusión en el Congreso y se espera que avance presuroso a la luz de los problemas que el exceso de libertades a los exportadores produce sobre los intereses de la Nación y de gran parte de los argentinos, en particular de los pequeños productores de soja y de los trabajadores de las producciones menores (algodonera, frutihortícola, tambera).
Nuestro país ha pecado de un exceso de liberalismo en los años noventa, que entronizando el mercado terminaría, a mediano o largo plazo, devorándose la fuente de la riqueza del ciclo actual. El intento del Gobierno de revertir esa situación mediante la apropiación de una parte de las ganancias extraordinarias está chocando con una férrea oposición de intereses. El discurso con el que se viste esta negativa es la unilateralidad del Gobierno. Ahora bien, si se retomara la propuesta original que Buzzi lanzara de forma brutal y sincera en la primera reunión con la Presidenta, ¿sería una medida unilateral, inconsulta e impuesta? Tal vez lo que haya que discutir es cuál será el destino de los fondos e incluso exigir que el superávit fiscal tenga como objetivo encauzar al país en un modelo de desarrollo integrador de las distintas regiones, sectores económicos y grupos sociales.
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