LAS TRES GRANDES CONSTRUCCIONES DE LA ARGENTINA QUE VIENE (Carlos María Vilas)

El discurso que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner pronunció el pasado 19 de julio en La Plata constituye sin dudas el documento político argentino más importante de los últimos años. Síntesis conceptual de lo efectuado por el gobierno del Dr. Néstor Kirchner en sus cuatro años de gestión, es al mismo tiempo un planteamiento claro del camino que la candidata presidencial propone recorrer en el próximo período presidencial que, según indican todas las estimaciones electorales, estará a su cargo. El discurso de la Dra. Fernández de Kirchner tiene además la virtud de articular el contenido programático a una acertada concepción teórica del Estado que, no por implícita, es menos discernible.

El eje dinámico del discurso está constituído por lo que denomina “las tres construcciones fundamentales” de los cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner “y sobre las que vamos a construir la Argentina que viene, la Argentina del Bicentenario”. Esas construcciones son el Estado Democrático Constitucional, el Modelo de Acumulación e Inclusión Social, y la Construcción Cultural.

I. El Estado Democrático Constitucional
El Estado es ante todo estructura de poder político formalizada en instituciones y procedimientos. Reconocer al Estado como estructura de poder significa que es el resultado de los conflictos y las tensiones sociales –patricios y plebeyos, monárquicos y republicanos, federales y unitarios, pueblo y oligarquía…-- que dinamizan la historia y el presente de toda Nación. Esa estructura de poder se institucionaliza en agencias, procedimientos y aparatos que emiten mandatos de obediencia obligatoria para todos. El Estado es por consiguiente la unidad soberana de decisión respecto de la población de un territorio. Los grandes objetivos de esa estructura de poder, la organización de sus competencias y responsabilidades, los derechos, obligaciones y garantías del pueblo en sus relaciones recíprocas y con el Estado así creado, forman el contenido de la Constitución Nacional, cuya superioridad respecto de cualquier otra norma expresa la dimensión soberana del Estado fundamentada, en una democracia, en el ejercicio de la soberanía popular. El carácter democrático de una constitución deriva del modo en que en su letra y en su efectiva vigencia explicita la soberanía de la Nación como síntesis jurídico-política del pueblo.

El documento de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner toma como punto de partida la recuperación de los roles que la Constitución Nacional define para las tres grandes instituciones que tienen a su cargo las funciones de crear las leyes, hacerlas cumplir, y dirimir los conflictos que puedan suscitarse en torno a su aplicación. Es decir, las ramas legislativa, ejecutiva y judicial respectivamente. Esa recuperación fue el producto de un claro ejercicio de voluntad política en el marco de la nueva realidad explicitada tras la elección presidencial de 2003.

Cuando en mayo de ese año el presidente Néstor Kirchner asumió el gobierno, el país acababa de vivir la mayor crisis económica, social y política de su historia, crisis que fue la culminación de varias décadas de abdicación de la soberanía nacional en esos tres aspectos y de la instrumentalización del Estado para beneficio de minorías de privilegio, nacionales y extranjeras. Un Poder Legislativo que funcionaba como caja de resonancia de las corporaciones, los lobies y el poder financiero transnacional, responsable de aberraciones jurídicas como las reformas a la ley de contratos de trabajo –tan aberrantes que para que fueran aprobadas hubo que recurrir al soborno. Un Poder Ejecutivo que actuó como herramienta entusiasta de los grupos del poder económico en el desmantelamiento de los recursos de la Nación y en el avasallamiento de los derechos del pueblo. Un Poder Judicial ineficiente, de procedimientos eternos y sentencias injustas, al servicio de los grandes intereses económicos y financieros.

En estos cuatro años, el ejercicio del gobierno y su apoyo en una sostenida movilización social permitió transformar significativamente estos escenarios. El Congreso Nacional asumió su papel de representación auténtica de la soberanía nacional; el Poder Judicial fue saneado empezando por la cabeza -la Corte Suprema de Justicia-; el Poder Ejecutivo recuperó la plenitud de las funciones que le asigna la Constitución Nacional e impulsó una política decidida de dar prioridad a los intereses de la Nación por encima de ambiciones y pretensiones particulares: reducción del endeudamiento externo, neutralización de las presiones y condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros multilaterales, y de los grandes grupos económicos; eliminación de la impunidad, defensa y promoción sostenida de los derechos humanos, depuración de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros.

Estas acciones son relevantes no sólo para el fortalecimiento constitucional del Estado, sino también para consolidar su condición democrática. Sin pleno ejercicio de la soberanía política, la soberanía popular, que es la base de la democracia, carece de eficacia; sin el apuntalamiento democrático de las decisiones adoptadas por las autoridades constitucionales, la soberanía política es un mito. Para ser realidad efectiva, el Estado debe ser a un mismo tiempo Constitucional y Democrático.

Este conjunto de logros expresa la recomposición de las relaciones de poder político que tuvo lugar en estos cuatro años. Es mucho lo que se ha avanzado pero no es poco lo que resta por hacer. La “primera construcción” de la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner anuncia, en consecuencia, continuidad y al mismo tiempo profundización. Continuidad de sentido y de horizonte estratégico, profundización para hacerse cargo de los desafíos que surgen de las transformaciones que la propia práctica de estos últimos cuatro años introdujo en los escenarios socioeconómicos, culturales y políticos de la Nación, y en su inserción en los escenarios regionales e internacionales. Porque así como el “piso inicial” de la etapa de gobierno que se avecina es otro (un piso, si se quiere, “más alto” que el de 2003) también es cierto que los problemas que hay que enfrentar ahora no son los mismos del pasado reciente. Cuatro años consecutivos de altas tasas de crecimiento económico y de estabilidad social plantean desafíos diferentes a los que derivan de la recesión.

II. Acumulación con Inclusión Social
Importante como es, nada de lo anterior es un fin en sí mismo. El fortalecimiento político del Estado, la recuperación de su eficacia decisoria, apuntan a los grandes objetivos de la política democrática, que se sintetizan en el logro sostenido del bienestar general. Es decir, generar las condiciones necesarias para garantizar el acceso de todos los habitantes a los bienes materiales y espirituales requeridos para el goce de una vida plena, de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas de producción. Ello así, porque lo que impulsa al ser humano a vivir en sociedad y a organizarse políticamente, y lo que legitima a esa comunidad política, no es simplemente un espíritu gregario, que también existe en las especies animales, sino la aspiración a vivir bien, es decir una vida con justicia, una vida en la que cada quien reciba en proporción a su trabajo y a sus necesidades, y al grado de desarrollo social, lo que necesita para una vida buena, y entregue a la comunidad en proporcional contraprestación, su contribución al más eficiente desempeño de ésta y al mejor logro de sus fines. “Hacer justicia” es “dar a cada uno lo suyo”, por eso decían los antiguos que “la justicia es cosa de la polis”, es decir de la comunidad políticamente organizada. Los bienes y servicios, materiales y espirituales, que el ser humano necesita para gozar de esa calidad de vida constituyen lo que es debido por la comunidad a cada uno de sus miembros. Y dar a cada quien lo que se le debe, es decir, dar a cada quien lo suyo (sea en empleo, educación, atención en salud, impuestos, cumplimiento de las normas, etc.) es precisamente hacer justicia.

La Dra. Fernández de Kirchner lo expresa en su discurso: “Una forma de gobierno es el instrumento para que la política pueda llegar a la sociedad”. Es decir, la organización institucional del Estado y del gobierno debe estar al servicio del bienestar general, que es la máxima expresión de la justicia. Constantes otros elementos, esto se logra mediante una correcta organización de los procesos de acumulación y de distribución. Por eso la “Segunda Construcción” es el Modelo Económico-Social de Acumulación e Inclusión Social.

En primer lugar un modelo que es al mismo tiempo económico y social porque, como se señala en el discurso, “la economía no es algo diferente a la sociedad”; las relaciones económicas son al mismo tiempo relaciones sociales, interacciones de grandes conjuntos de seres humanos que ocupan posiciones diferenciadas en las relaciones de producción, distribución y consumo. La producción de bienes y servicios y la distribución de éstos son como las dos caras de la misma moneda; un modelo de acumulación es al mismo tiempo un modelo de distribución. Esa distribución puede ser positiva y conducir a la inclusión social, o regresiva y alimentar la exclusión.

La experiencia de todos los países exitosos del mundo, y la que nosotros estamos recogiendo en estos cuatro años, es que un modelo de acumulación debe estar sostenido tanto por un vigoroso y sostenido proceso de inversión en infraestructura económica y energética, como de infraestructura social. El sostenimiento de altas tasas de crecimiento de los años recientes se apoyó, fundamentalmente, en este esfuerzo, que además contribuyó significativamente a aprovechar condiciones ventajosas en el mercado mundial. Pero también sabemos que la inclusión social no es un efecto espontáneo del mercado, porque el “derrame” no existe si no es estimulado o forzado por políticas públicas encaminadas a ese fin. De ahí entonces que el sostenimiento de altas tasas de acumulación y la continuidad y ampliación de la inclusión social demanden tres grandes instrumentos: diálogo social, planificación estratégica, e institucionalización.

Diálogo social para la definición consensuada de los grandes lineamientos de las políticas públicas en materia de desarrollo y bienestar social, por encima de variaciones gubernamentales. Esto requiere la participación de interlocutores realmente representativos de los sectores estratégicos de la vida nacional, que miren más allá de lo inmediato y estén dispuestos a sacrificar intereses u objetivos particulares en aras del beneficio colectivo. Una convocatoria de tan amplias proyecciones no puede sino ser efectuada desde el más alto nivel del poder público, porque el objetivo del diálogo social no es otro que la concertación más amplia y democrática respecto de las grandes líneas de acción política de Estado. En algunas naciones europeas el diálogo social se institucionalizó en organismos especializados, como un Consejo Económico-Social o un Foro Socioeconómico. En los llamados “tigres del Asia” se crearon consejos o comités de planificación tripartitos, integrados por representaciones del empresariado, del movimiento sindical y de la administración pública. En todas estas experiencias la representatividad de los participantes y la dinámica y firme coordinación y conducción del Estado como poder democrático, representativo y soberano fueron requisitos fundamentales para su éxito.

El segundo instrumento de esta segunda construcción es la planificación estratégica. Una de las más notorias debilidades de Argentina es la incapacidad de construir políticas de Estado, es decir de fijar metas y ejecutar acciones que tengan como norte los grandes objetivos del desarrollo incluyente y la justicia social. Planificar estratégicamente implica no sólo que las políticas deben ser la expresión de amplios consensos, sino que deben enmarcarse en la organización eficiente del conjunto de actores y recursos involucrados, y anticipar, con las herramientas científicas disponibles, el desenvolvimiento probable de los hechos a partir de la variedad de factores intervinientes y de los impactos generados por las propias políticas que se van implementando. Hasta ahora el Estado no ha tenido otro instrumento de planificación que el presupuesto de ingresos y de gastos, de validez anual. Para concertar un conjunto básico de grandes políticas de Estado se requieren horizontes de mayor proyección y enfoques integrales que den seguimiento y eventualmente control a todos los factores que de una u otra manera inciden en las políticas, y sus relaciones recíprocas.

Finalmente, el discurso de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner plantea la institucionalización del Modelo de Acumulación e Inclusión, para prevenir la “ruleta rusa” de los ciclos electorales. Lejos de acotar los alcances de la democracia electoral, este aspecto significa dotar de fuerza institucional a las políticas de Estado que surgen del diálogo social y son articuladas a través de la planificación estratégica. Significa dar fuerza política y ejecución continuada a esos compromisos básicos. Pero institucionalizar también implica mejorar la calidad institucional del funcionamiento de las agencias estatales, dotarlas de mayor eficiencia y mejorar su eficacia -es decir, apuntar a un uso más racional de sus recursos y a fortalecer su capacidad para producir los efectos de que se trata- y garantizar una efectiva autonomía decisoria respecto de intereses particulares, que es condición para que el Estado pueda ejercer sus funciones soberanas.

III. Construcción cultural
El discurso de la Dra. Fernández de Kichner es también una convocatoria a una renovación cultural de los argentinos. La recuperación de las facultades soberanas del Estado, la institucionalización de un modelo de acumulación e inclusión social, el diálogo social como instrumento y ámbito de concertación democrática, demandan un cambio cultural profundo.

El “sálvese quien pueda” del individualismo neoliberal debe ser desterrado en aras de la consolidación de un nosotros pletórico de esperanzas, en la confianza en la capacidad creativa del pueblo argentino, y en la priorización de lo que nos une como comunidad de historia y de futuro, que es decir de Patria.

Es este espíritu de unidad el que está presente en el modo en que tanto el Presidente Kirchner como la Senadora Cristina Fernández de Kirchner se dirigen a sus auditorios masivos: Argentinos, Argentinas. Apelar a la nacionalidad como forma de interpelación significa incluir del modo más abarcativo posible al pueblo de la Nación, es decir al sujeto soberano de la comunidad política, independientemente de diferencias de clase, género, etnicidad o de otra índole. Es un modo de resaltar la unidad por encima de las diferencias, cobijados todos bajo la bandera de la Patria. Una Patria que renace en la creatividad esperanzada de su Pueblo y de todos los seres humanos “de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino”, como reza el Preámbulo de nuestra Constitución.

Es una convocatoria a recuperar la sana autoestima de los argentinos sobre la base de nuestra eficacia para construir un país que nos incluya a todos y a todas en memoria, justicia y libertad. Durante demasiado tiempo se pretendió alimentar la autoestima de los argentinos con cuentas de colores y espejitos brillantes: “Argentina potencia”, “Síganme que no los voy a defraudar”, “un dólar = un peso”, “estamos condenados al éxito”. Todo eso se vino abajo, como no podía ser de otra manera, sembrando la desorientación y la frustración en tantos compatriotas. Si, como se nos hizo creer, la única política y la única economía posibles eran las del neoliberalismo, el fracaso de esa política y esa economía eran el fracaso de toda política y de toda economía. Si a la contundencia del desempleo y el empobrecimiento sólo podía oponerse la fantasía hueca del triunfalismo retórico, era inevitable convencerse que los argentinos éramos sólo una mala broma.

A caballo del voto ciudadano, de entre las ruinas de la frustración inculcada por los poderosos y sus plumíferos, fortalecida por el sabor de los frutos que comenzamos a recoger, renace hoy con brío la confianza en el valor del trabajo, del esfuerzo propio, de la solidaridad, como otros tantos soportes de otra forma de hacer política y de organizar el esfuerzo productivo y la distribución de sus frutos. Es ésta la tercera gran construcción a la que nos convoca la Senadora Fernández de Kirchner. Un renacimiento cultural hecho posible por las transformaciones políticas y económico-sociales de los últimos cuatro años, y que constituye el pilar espiritual y relacional sobre el cual será posible continuar y profundizar ese sendero. Una ética de trabajo y responsabilidad que no es incompatible con el disfrute de las buenas cosas de la vida.

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Consolidar el Estado Democrático Constitucional, Institucionalizar el Modelo de Acumulación e Inclusión Social, Cambio Cultural, son las tres grandes construcciones a las que la Senadora Cristina Fernández de Kirchner nos invita. Expresan los tres grandes desafíos que la Nación Argentina, todos nosotros, enfrentamos de cara al porvenir, en los tres grandes ámbitos de la vida en comunidad: la política que orienta, la economía que provee, la cultura que solidifica y que aporta la dimensión que identifica a la Argentina en el mundo y la hermana con toda Latinoamérica.

Buenos Aires, julio 2007