Kirchner en Carta Abierta

Fuente: Carta Abierta

Los rumbos restituyentes en el laberinto argentino

Los economistas reunidos en el espacio Carta Abierta elaboraron un documento fijando posición acerca del proyecto que termina con la jubilación privada. Sostienen que se avanza así en la construcción de un sendero radicalmente distinto del neoliberal para recuperar la regulación e intervención públicas.

La excepcionalidad argentina se mantiene. Persiste. Se evidencia en sucesivas coyunturas caracterizadas por el doble gesto de ruptura de los pilares del orden neoliberal en defección y de persistencia de contradicciones, de agendas pendientes. La excepcionalidad argentina ha sido capaz de sobrevivir a los cobos nopositivos, a los pampeanos empresarios del apocalipsis, a la desencajada verborragia mesiánica de las neoderechas autóctonas. Y sobrevive sin abismos a la hecatombe financiera internacional, gestionando –no sin escollos– lo propio. Ha sobrevivido incluso a las condiciones de posibilidad de sí misma, en tanto pervive en su racionalidad invocando a sujetos sociales cuya expresión política no parece ubicarse aún a la altura de las dimensiones de la gesta. Lo político, de esta forma, recorre un período de excepcionalidad, de búsqueda claroscura entre los hechos y sus sujetos, de debate y dislocación de nociones de futuro que condicionan los actos del presente y le prodigan o retacean racionalidad.

Si el agrupamiento de la oposición política y las organizaciones empresarias de la pampa húmeda buscó transformar esta etapa de excepción en decepción, en imposición de un statu quo y recuperación de una hegemonía perdida, la oportuna decisión del gobierno nacional de enviar al Congreso un proyecto de ley para poner fin al sistema de capitalización, eliminar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y reuniversalizar el sistema de reparto, confirma ante todo la opción de continuar avanzando en la construcción de un sendero radicalmente distinto del neoliberal y recuperar la regulación e intervención públicas, emitiendo a la vez señales de diverso tipo, de enorme importancia en la construcción de imaginarios sociales y políticos diametralmente opuestos al libre mercado y el individualismo.

La medida supera ampliamente un –no menor– cambio en el ordenamiento del sistema de seguridad social. Tiende a redefinir las normas societales vinculadas al mundo del trabajo y avanza en la desarticulación de uno de los pilares de la institucionalidad neoliberal, asestando un duro golpe al sector privilegiado por las políticas liberalizantes de la dictadura militar de 1976 y del modelo de convertibilidad de la década pasada: el sistema financiero. La eliminación del régimen de capitalización opera en el mismo sentido que la devaluación de 2002, la instalación de restricciones al movimiento de capitales especulativos y las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, al suprimir las condiciones macroeconómicas que hicieron posible el régimen de valorización financiera durante tres décadas.

La desarticulación del sistema universal de reparto, en 1994, y su reemplazo por la administración de los aportes de los trabajadores por las AFJP, significó la transformación del derecho económico y social básico a una jubilación digna garantizado por el Estado a través de un sistema solidario, en un mecanismo de ahorro individual cuyo rendimiento quedó sujeto a las contingencias de los mercados desregulados y al dudoso expertise –en algunos casos delictivo– de los administradores privados, los cuales percibieron ingentes comisiones con independencia de los rendimientos derivados de las colocaciones de los fondos previsionales en los mercados. La apoteosis neoliberal del individuo, del Robinson Crusoe limitado a los estrechos horizontes de su isla, en detrimento de concepciones colectivas y solidarias, implicó desvirtuar el hecho social del trabajo, la producción y la distribución de la riqueza.

Este régimen conllevó la desfinanciación del sistema de seguridad social público, incrementando las necesidades de apalancamiento en un contexto macroeconómico y monetario vinculado al endeudamiento crónico y la fuga de capitales. Paradojalmente, la brecha fiscal y previsional fue cubierta en gran medida con los fondos en poder de las administradoras.

La eclosión del sistema de convertibilidad y la insoslayable renegociación de la deuda pública provocaron la disminución de los activos aportados por los trabajadores. La actual crisis financiera provocó una nueva caída en el valor de dichas inversiones. Librado a la suerte del mercado, el sistema ha demostrado en la actualidad su imposibilidad de otorgar a los trabajadores incluidos en él una jubilación mínima digna y sustentable en el tiempo. Al establecer un nivel jubilatorio mínimo, el Estado ha debido socorrer al sistema, aportando este año cerca de 4000 millones de pesos, cifra que se incrementaría sucesivamente en los años venideros.

Uno de los principales argumentos para la creación de este sistema fue la necesidad de incrementar la “profundidad” de los mercados de capitales nacional y regional, lo cual redundaría en un aumento de las inversiones productivas y el desarrollo económico. Sin embargo, este objetivo también se vio frustrado.

Una mirada atenta a la experiencia resultante permite advertir que no se ha cumplido ninguno de los argumentos esgrimidos en la época de su creación. Los trabajadores que perciban su jubilación a través de este sistema requerirán asistencia pública para alcanzar el mínimo legal, no se logró el financiamiento de actividades productivas o de cambio estructural y se profundizó la desfinanciación del sector público.

Esta experiencia arroja importantes conclusiones que abonan la pertinencia de la actual estrategia gubernamental y justifican su respaldo. En primer lugar, los sistemas de seguridad social forman parte innegable de un conjunto diverso de derechos humanos básicos, vinculados al carácter social del mundo del trabajo. En tal sentido, resulta inconcebible su administración o gestión por parte de empresas privadas. En segundo lugar, los fondos de la seguridad social no pueden permanecer expuestos a la lógica de los mercados financieros. Por el contrario, deben ser administrados a través de mecanismos que aseguren su sustentabilidad y su función social y solidaria.

El evidente fracaso del sistema de capitalización ha despojado a sus defensores y gerenciadores de la prepotencia de los primeros años. Apenas alcanzan a balbucear el agónico argumento de la “libertad de elegir”. Este axioma del liberalismo no es capaz de sostenerse sin la constitución de un mito y una racionalidad que, aunque falsa, tenga la potencia de constituirse en verdad. La crisis del sistema privado transformó la aparente prestancia técnica y conceptual de sus argumentos tempranos en un dogma, en una perseverancia obtusa. La supuesta “ciencia del mercado”, que hoy se muestra falsa e inoperante en sus objetivos declarados, transmuta en un acto de fe sin parámetros racionales. Y la ruptura del mito de la suficiencia y pertinencia mercantil como regulador social da lugar a un cambio en la política, que vuelve a centrarse en el Estado. La iniciativa del gobierno nacional asume un carácter restituyente, reinstalando una noción colectiva como centro del funcionamiento social y convocando al debate sobre formas alternativas de institucionalidad.

Sin embargo, estos importantes pasos en el laberinto argentino nos convocan a repensar al Estado como espacio de constitución de lo colectivo. No basta con reivindicar lo público. No resulta apropiado retomar mecánicamente viejas formas. Es preciso interpelar al concepto, problematizarlo. Basta hacer memoria para recordar los descalabros existentes en el sistema previsional previo a la creación de las AFJP. Si bien su crisis no responde al modelo técnico intergeneracional en que se basa el sistema de reparto, sino al vaciamiento del Estado desde mediados de la década del ‘70, resulta imprescindible pensar críticamente la estructuración institucional de los mecanismos de regulación pública y la necesaria participación democrática en las decisiones fundamentales que afectan a la cosa pública. Al Estado interventor clásico debiera oponerse un Estado capaz de construir un modelo de desarrollo inclusivo de carácter multilateral. Es decir, un Estado permeable a la sociedad civil, a las organizaciones políticas y sociales, provisto de las herramientas para propiciar el debate público con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de manera sustentable y democrática. La figura del Estado positivista, omnipresente y omnicomprensivo, en tanto falaz, conduce a un debilitamiento del debate y a una escasa creación de mecanismos de imbricación social y política, sea cual fuere el modelo de acumulación y reproducción vigente.

En esta tarea resulta imprescindible el desarrollo de movimientos sociales y políticos populares capaces de exigir su lugar en la construcción de un Estado referenciado en las bases sociales. Movimientos capaces de oponer un discurso y una acción política a las neoderechas autóctonas, que disputan –con disfraces oportunos– la política pública, la representación de lo “popular”, lo “democrático” e, incluso, de la “nación”. Esta construcción no es una tarea exigible al Estado. Constituye un camino colectivo, objetivado en formas de participación y discursos diversos.

En pocos días, y luego de la aprobación del proyecto oficial –que incluye modificaciones de otras bancadas aliadas– en la Cámara de Diputados de la Nación, tocará el turno del Senado. Dados los poderosos intereses económicos en juego, por estos momentos se estarán desarrollando diversas estrategias, presiones y ofertas para lograr su rechazo, tal como ocurrió con la Resolución 125. Banqueros y operadores han reaccionado generando presiones sobre el mercado cambiario, rematando bonos públicos y provocando fugas de capitales al exterior. Estas acciones resultan esperables en un contexto de tensiones por el alcance de las políticas del Estado. No obstante, este comportamiento “normal” de los grupos ligados al poder económico en Argentina debiera encontrar la oposición del accionar restituyente colectivo, el emergente de esa noción de futuro que necesariamente debe plasmarse en los espacios de lo público, para convertirse en político.

La auspiciosa iniciativa gubernamental de eliminar el sistema de capitalización recupera ciertos elementos épicos imprescindibles para el establecimiento de lo político, el interrogante sobre las formas que deberá asumir un nuevo Estado con fines transformadores, y restablece el dilema entre el surgimiento de sujetos políticos colectivos capaces de viabilizar un proyecto transformador y las posibilidades de refundar constantemente el estado de excepcionalidad.

Resulta imprescindible contribuir con un cambio de época. Los derechos sociales básicos deben ser desmercantilizados, recuperando su carácter solidario y universal: jubilación, salud, vivienda, educación, soberanía alimentaria.

Salvación individual (Alfredo Zaiat, en Página 12, 25 de octubre de 2008)

Si el Estado no se ocupa de niños desnutridos o que mueren por falta de atención médica estaría incumpliendo una de sus funciones esenciales.

Si se despreocupa por la calidad educativa y acceso al estudio de la población también estaría faltando a una de sus obligaciones básicas.

Si no tiene compromiso por garantizar la seguridad personal y de defensa de las fronteras nacionales estaría eludiendo responsabilidades propias afectando la tranquilidad de la población.

Si descuida el horizonte de ingresos de los trabajadores en la etapa de retiro del mercado laboral estaría vulnerando uno de los principales pilares de su indelegable objetivo de cohesión social.

Como esas misiones no han sido satisfechas para las mayorías a lo largo de las últimas décadas, los sucesivos gobiernos que transitan por el poder y, por lo tanto, ejercen el control del sector público, incluyendo a la administración kirchnerista, son criticados. El legítimo reclamo de gran parte de la población se encuentra en que el Estado debe asumir con solvencia esos deberes indispensables para fortalecer la sociedad. Pero, a veces, esto implica enfrentar al poder, que no es otro que el económico.

Poner fin a las AFJP es una medida trascendente para que el Estado pueda cumplir con más autoridad una de esas tareas fundamentales. Para ello se debe tocar al poder financiero. Como se sabe, nunca es buen momento para afectar esos intereses, ya sea porque la economía está creciendo y no hay que perturbar las expectativas o ya sea porque existe una crisis y se corre el riesgo de agudizarla. De esa forma, desde hace varias décadas esa lógica extorsiva ha vuelto intocable al poder financiero.

Limitar el debate a la gestión del Gobierno y a los motivos que lo llevó a impulsar esa iniciativa resulta un abordaje político de vuelo bajo y, en realidad, encierra la defensa de los intereses mezquinos del poder financiero. Para algunos es legítimo pensar que durante estos cinco años no se ha hecho nada en recuperar el Estado en esas funciones básicas de articulación y cohesión de una sociedad moderna. Es motivo de acaloradas polémicas lo realizado por la administración kirchnerista, y será interesante el saldo de esas discusiones en perspectiva histórica. Habrá conclusiones para todos los gustos. Sin embargo, esa controversia no podrá ignorar que si existe una medida que busca avanzar sobre el poder financiero, la reconstrucción del sistema previsional, la previsibilidad de las jubilaciones y la justicia distributiva es la de terminar con las AFJP. Lo que está en discusión no es un determinado gobierno, sino el rescate del sistema de seguridad social que excede a una administración. Esta, la próxima, que puede ser de otro color político, y las sucesivas podrán manejar un régimen jubilatorio que ya no será un botín de la asociación de financistas & afines. Se ponen en juego la concepción de sociedad y las funciones y derechos sociales que el Estado debe atender. Cuando esas obligaciones son transferidas al sector privado, además de convertirse en un negocio de intereses particulares, provocan una fragmentación social y ruptura de lazos de solidaridad. Existen sociedades más individualistas, donde los grupos de presión representan múltiples intereses atomizados y la organización social privilegia la lógica del mérito individual. Son países donde la segmentación social es reproducida en las instituciones, por ejemplo en las de protección social. También existen sociedades más comunitarias, donde el Estado de Bienestar en facetas liberal, corporativo o socialdemócrata ejerce la potestad sobre el sistema de políticas sociales como eje articulador de la legitimidad de la organización social. Esta vía de intervención del sector público se observa en Europa con distintas características dependiendo los países.

El concepto de cuentas personales con el aporte previsional del trabajador, descontada una elevada comisión cobrada por las AFJP, se convierte en una de las batallas culturales más fuerte. La idea de la salvación individual acumulando fondos en una cuenta de una empresa financiera ha sido la gran obra maestra del neoliberalismo. Las privatizaciones de los servicios públicos no tardaron en mostrar su rostro oscuro de malas prestaciones, pocas inversiones en infraestructura, segmentación de clientes favoreciendo a los de mayores ingresos, desestructuración productiva de proveedores locales y ganancias fabulosas para los grupos de control. Las bondades que el marketing presentaba por el manejo privado de servicios esenciales para la población se revelaron vacías. En cambio, con las AFJP en algunos sectores aún permanece esa fantasía de futuro venturoso que tan bien supieron construir a fuerza de millonarias campañas de publicidad. Esa falsa idea de la salvación individual está incorporada por muchos de los afiliados a esas administradoras pese al desprestigio de los bancos luego de la estafa del corralito, de la impunidad del sistema financiero y del fracaso estrepitoso del fundamentalismo de mercado de Wall Street. El argumento irritado que sostienen esos aportantes es que ellos son dueños de decidir si quieren ser estafados o no por las AFJP, actuando como si fueran logrados prototipos de un ensayo social para demostrar la existencia del síndrome de Estocolmo.

Estos mismos trabajadores padecen de la ilusión monetaria de pensar que tienen un fondo de 50 mil, 100 mil y hasta 200 mil pesos, y que son personas afortunadas con ese dinero propio porque podrán tener una muy buena jubilación privada. Esos montos brindan esa sensación de redención individual frente al resto del mundo miserable. Pero no es así. No poseen un derecho patrimonial sobre esos fondos como si fueran cajas de ahorro, sino que es un derecho previsional. Cálculos actuariales, crecimiento de la expectativa de vida y la lógica financiera de las compañías privadas que pagarían esa jubilación (aseguradoras de retiro) muestran con datos “objetivos”, como gustan hablar los abanderados de la restauración conservadora, que las AFJP son una estafa conceptual en términos de previsión social. Todavía más claro se refleja en el espejo del modelo chileno de jubilación privada de AFP, que en 2011 cumplirá treinta años de vigencia, lo que implica un modelo que ya alcanzó su estado de maduración. Alrededor de 100 mil chilenos alcanzan por año la edad de jubilar. De ese total, unos 50 mil todavía siguen siendo atendidos por el sistema público por el período de transición entre el régimen estatal y el privado. De los restantes 50 mil, más de la mitad descubre que los fondos acumulados en las AFP no les alcanzan para lograr la pensión mínima, y tampoco tienen los aportes requeridos para conseguir la garantía estatal (20 años de contribuciones). Aquellos que están en edad de jubilarse, la mayoría se encuentra con que sus pensiones de AFP son menos de la mitad de las que obtienen sus colegas de similar edad y remuneración que lograron permanecer en el sistema antiguo (por ejemplo, los militares que Pinochet protegió de las AFP). Más de la mitad de los afiliados son mayores de 36 años y aportan menos de 4,2 meses por año. A ese ritmo, van a acumular menos de 184 aportes al cumplir la edad de jubilar y, por lo tanto, no van a tener derecho a la pensión mínima estatal (se requieren 240 aportes). En esa instancia intervino la reforma de Michelle Bachelet para asegurar ese ingreso básico, además de extender la asistencia estatal a las jubilaciones. En esas condiciones, más de la mitad de la fuerza de trabajo chilena –3,5 millones de personas– no tiene cobertura digna de parte del sistema de AFP, como no sea retirar los magros ahorros acumulados. Esta conclusión surge de estudios recientes de la Superintendencia de AFP e incluso de la propia Asociación de AFP.

El fin de las AFJP se adelanta a ese descampado previsional, que ya se vislumbra con los actuales jubilados privados. Del total de 445 mil que existen en la actualidad, casi el 80 por ciento requiere de algún tipo de asistencia del sector público para alcanzar un haber mínimo, con 33 mil jubilados que ya tienen su cuenta individual consumida. Se expone así con contundencia la falsa idea de la salvación individual: el Estado, por el deber indelegable de garantizar derechos sociales esenciales, como bien exige la sociedad y la opinión mediática, conjura para los trabajadores el desierto previsional que le esperaría con las AFJP.

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, EN EL ANUNCIO DE LA FINALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AFJP (21 de octubre de 2008)

Muy buenas tardes a todos y a todas; señores gobernadores, señores legisladores; señores dirigentes sindicales; señor Secretario General de la CTA; señor Secretario General de la CGT: en principio pedir disculpas a todos ustedes por estar aquí muy apretados en esta carpa, pero fue una decisión de esta presidenta que este acto tuviera lugar aquí, en el ANSES, no es una casualidad, no es un capricho, es simplemente la decisión de también a través de lo simbólico saber que hoy estamos decidiendo sobre el patrimonio de los jubilados de nuestro país, y el patrimonio de los jubilados de nuestro país no tenía por qué estar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, tenía que estar aquí en el ANSES, en su natural lugar. (APLAUSOS)

Creo que fue más que explícita y contundente la exposición de motivos formulada por el titular del ANSES, pero permítanme compartir con ustedes en esta tarde algunas reflexiones, la primera, la decisión que hemos tomado. He leído por allí algún comunicado, alguna declaración en cuanto a por qué así de repente esta decisión, es como si de repente un día, en un mundo donde todo está normal y maravilloso, y en un país en el cual tenemos una historia de mucha tranquilidad en todos los frentes, alguien se levanta intempestivamente y decide tomar una medida de esta naturaleza, creo que es obvio el contexto internacional y nacional en el que se adopta una decisión, que sin lugar a dudas, es de carácter estructural, tan estructural como la que se tomó en 1.994, claro que en otro marco nacional y mundial, el neoliberalismo, el repliegue del Estado era total y absoluto. Hoy en el mundo una vez más, cuando vemos que aparecen las pérdidas es cuando vuelve a aparecer nuevamente la figura del Estado para hacerse cargo de todo, como siempre además ha sucedido en la historia de la economía de la humanidad, por lo menos en los últimos dos siglos, y como también ha sucedido aquí en la Argentina, mucho más reciente en el año 2001, cuando el Estado finalmente tuvo que hacerse cargo absolutamente de todo el desmanejo de políticas en las cuales se presuponía que el mercado y la teoría del derrame llegarían a todos.

Estamos entonces adoptando esta decisión en un contexto internacional donde los principales estados integrantes del G8 y del no G8 también, están adoptando una política de protección hacia bancos, como bien señalaba recién Boudou, en este caso nosotros hacia nuestros jubilados y nuestros trabajadores, pero lo cierto es que aquel discurso, aquel relato que inundó comunicacionalmente nuestras vidas y las de todo el mundo, se ha desmoronado estrepitosamente, y una vez más el Estado, las naciones, las que siempre permanecen, desaparecen bancos, desaparecen empresas, pero ahí están los estados para hacerse cargo finalmente de políticas que, como recién Boudou hablaba, pueden ser calificadas con buena fe de erróneas, pero que yo me atrevo a calificarlas sin lugar a dudas de políticas de saqueo. (APLAUSOS) Todas las grandes crisis en nuestro país y en el mundo han representado una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores menos favorecidos, de los más vulnerables, llámense trabajadores, llámense pequeños ahorristas, llámense jubilados, llámense pequeñas empresas, a favor siempre de las grandes concentraciones económicas.



Estamos sinceramente creo ante un final de época a nivel mundial y creo que esto que hoy estamos haciendo aquí es una decisión estratégica en este marco internacional, pero también en esta situación nacional que tenemos, no ya desde ahora sino desde 1.994, y que ha venido profundizando tal cual lo ha marcado el señor titular del ANSES en cuanto al régimen de capitalización. Yo le agrego algunas otras perlas de las cual él se olvidó, tal vez porque como tenía que hablar la Presidenta quiso ser más breve, pero seguramente cuando vaya a hablar con los diputados y senadores podrá explayarse. podríamos hablar por ejemplo de sistemas tan sofisticados en este mercado de la capitalización que permitía que algunos no pagaran Impuesto a las Ganancias, aquellos que mayor capacidad de ahorro porque mayores ingresos tenían no pagaran por ejemplo a la AFIP el Impuesto a las Ganancias y lo capitalizaran en una renta vitalicia aparte de la obligatoria del Sistema de Capitalización y de esta manera hacer un doble despojo, porque también se le sacaban fondos a la AFIP, que en definitiva es al Estado, permitiendo un mecanismo de elusión, ustedes saben la diferencia entre la evasión y la elusión, la evasión es aquella que se hace violando la ley, la elusión es aquella donde la ley se crea para hacer la evasión, esta es la gran diferencia, la explican los abogados diferente, pero el resultado es este. En definitiva, entre otras perlas, un sistema que evidentemente constituye un despojo y además una clausura a lo que ha sido la base de todo Sistema Previsional hoy en el mundo, la base de la solidaridad, porque presupone esencialmente la asociatividad de los trabajadores y de todos aquellos que perciben un ingreso, para poder hacer frente a la vejez y a los derechos de la pensión.

También escucho decir que el Gobierno quiere hacerse de una caja, yo quiero tener algunas precisiones respecto de esto: este Gobierno cuando decide tomar intervención en Aerolíneas Argentinas no lo hace precisamente pensando en la caja, lo hace pensando en nuestra línea de bandera, y en lograr la conectividad de todo nuestro país a lo largo y a lo ancho. Nunca hemos especulado a la hora de tomar decisiones más allá de cuidar, como bien lo señalaba Amado Boudou el superávit fiscal, el tema de la caja; cuando tomamos la decisión por incumplimiento de contrato de hacernos cargo de la vieja Obras Sanitarias, Aguas Argentinas, que es la que provee agua y desagües cloacales a toda la Capital Federal y a toda la región metropolitana del conurbano, no pensamos en hacernos de caja, al contrario, pensamos en los sectores más vulnerables de la sociedad que son los que necesitaban esos servicios; cuando decidimos incorporar en la jubilación inclusiva a más de un millón y medio de argentinos y argentinas que habían quedado afuera de la protección previsional (APLAUSOS), porque recordemos que un millón y medio de argentinos no tenían protección jubilatoria y eso se debía esencialmente a dos cuestiones de carácter estructural: primero, a la desocupación, que fue el mecanismo de ajuste de la convertibilidad, la desocupación era fenómeno estructural a esa política económica y, la segunda, precisamente, fue la capitalización, porque quien no tiene trabajo no es atendido por ninguna AFJP, pero sí es atendido muchas veces por distintos organismos del Estado cuando va a pedir socorro o auxilio.

En ese momento tampoco pensamos en la caja, como tampoco lo hicimos cuando luego de años de congelamiento o descuento, aumentamos trece veces los haberes de los jubilados y los pensionados.

Tampoco pensábamos en la caja cuando por primera vez y para no quedar sujetos ya a la mano del presidente o presidenta de turno, consagramos legislativamente la movilidad jubilatoria a través del Parlamento argentino. (APLAUSOS)

Sí pensamos en la Constitución, en esa Constitución que dice que es el Estado el que debe garantizar las jubilaciones y las pensiones de los argentinos.

Pero yo les propongo otra hipótesis. Supongamos que esta Presidenta o supongamos que ese administrador piensan en la caja, ¿en qué caja pensamos? En la de la ANSES. Yo les pregunto a los que quieren seguir con el sistema de la AFJP: ¿a qué caja defienden o a qué caja quieren representar? (APLAUSOS)

Asombra realmente y sorprende escuchar determinadas argumentaciones como si la ANSES fuera de propiedad privada del señor Amado Boudou o de esta argentina que les está hablando. Sorprende porque, además, puede ser cotejada con todas estas acciones que nosotros hemos venido desarrollando en defensa de los jubilados. Pero no solamente porque tengamos convicciones éticas, sino porque estamos convencidos que, además, sostener trabajo, sostener salario, sostener jubilaciones, sostener pensiones es sostener la actividad económica que vuelve a retroalimentarse y permitir entonces que cada vez la geste pueda estar mejor. (APLAUSOS)

Yo quiero -y porque estoy muy interesada en que podamos debatir este cambio estructural que le estamos proponiendo a los argentinos y que sé que muchos dirigentes y militantes de otros partidos que no son el mío, han sostenido durante largo tiempo y pueden verse cientos de proyectos en el Parlamento argentino, precisamente pidiendo que se tome esta medida que hoy tomamos- que cuando debatamos este problema yo sé -y aquí permítanme apartarme un poco de mi rol de Presidenta y acordarme de mis tiempos de legisladora, acá hay muchos de ellos- que van a haber muchas presiones, de toda índole y naturaleza, porque son pocos los intereses pero grandes los dividendos. (APLAUSOS)

Creo, sinceramente, que los partidos populares y democráticos, aquellos que creemos en el Estado, aquellos que hemos dado muestras concretas de creer en el rol que debe cumplir insustituible e irremplazable el Estado, vamos a acordar que realmente estamos ante un verdadero cambio estructural estratégico de defensa de nuestros jubilados y de nuestros pensionados. Y por eso también, para aquellos que no piensan estas cosas del Estado, que todavía siguen aferrados al modelo neoliberal, creo que cuando las medidas estatistas las toma Estados Unidos, Francia o Alemania, son medidas simpáticas, inteligentes, pero que cuando las medidas en defensa del Estado se toman aquí, en casa, concretamente, otra vez aparecen los estatistas, otra vez aparecen los nostálgicos. (APLAUSOS)

Yo les pido a todos, a los partidos populares y democráticos que han tenido un discurso sobre esto, una práctica y plataformas, y a los otros, a los que piensan diferente, a los que critican acá lo que defienden en Estados Unidos o en cualquier otro país del primer mundo, que por única vez dejemos pensar cada uno en nuestro posicionamiento y pensemos en serio en el futuro de la República Argentina (APLAUSOS), porque esta decisión y esta elección que hoy estamos tomando trasciende a un gobierno, trasciende a un partido político, porque bueno es reconocer que otros partidos siempre pidieron que hiciéramos esto, y trasciende, esencialmente, a nuestra generación, a la generación de los que hoy nos toca estar sentados en la silla de un presidente, de una presidenta, de un gobernador, de una banca. Esto tiene que ver con el futuro, esto tiene que ver con las próximas generaciones, esto tiene que ver con un mundo que ha cambiado definitivamente y exige también para nosotros, que repensemos qué país y qué modelo le planteamos a las futuras generaciones, no solamente un modelo económico. Porque el modelo económico y social que desde 2003 venimos llevando adelante, ha demostrado, pese a todos los agoreros, que realmente estaba en un sentido justo: mercado interno, sesgo exportador, diversificación, trabajo para los argentinos, buen salario, aumento de los trabajadores en la participación del Producto Bruto Interno.

Lo que ahora tenemos que acordar entre los argentinos es que este modelo se institucionalice políticamente para que no pueda volver a ser cambiado cuando, tal vez, alguna otra teoría, como la del Consenso de Washington dentro de unos años, encuentre comunicadores que le digan al país que todo lo público es horrible y que el Estado no sirve para nada. (APLAUSOS)

Tenemos que tomar también resguardos culturales y comunicacionales. ¿Por qué? Porque en un momento hasta habían convencido a casi todos los argentinos que el Estado estaba de más. Yo me acuerdo todavía, no en etapas democráticas, de propagandas donde alguien que se sentaba en una silla fabricada en la Argentina se caía y se rompía y cuando se sentaba en una silla fabricada en el extranjero era fantástica y maravillosa. Me acuerdo todavía cuando nos decían que los ferrocarriles no servían para nada y que era mejor cerrarlos, me acuerdo de muchas cosas.

Me acuerdo de cosas más recientes en la economía, porque saben qué, la globalización tiene una inmensa ventaja: antes uno para darse cuenta de los errores tardaba décadas o tal vez un siglo; la velocidad de las comunicaciones, la vertiginosidad de los cambios, producto de la misma globalización, es de tal magnitud que podemos comparar lo que ayer nomás parecía muy bueno y que finalmente se vio que no era tanto y que el Gobierno no estaba tan equivocado en algunas cosas que proponía, nada más hace unos meses atrás. (APLAUSOS)

Quiero con esto convocarlos a todos a la necesidad de que cuando abordemos los problemas de los argentinos, ya sea económicos o sociales en este mundo tan difícil que hoy nos toca vivir, lo hagamos sin prejuicios, tratando de despojarnos en la medida que podamos, porque siempre hay intereses, si no hay intereses económicos habrá intereses políticos y partidarios, pero tengamos en cuenta que si nos equivocamos, no van a pasar veinte años para que alguien venga a pedirnos cuenta de las cosas, nos van a pedir cuenta de las cosas que hicimos, que votamos o que no votamos mucho más cerca de lo que todos imaginan como hemos podido ver. (APLAUSOS)

Quiero decirles con esto, amigos y amigas, que estamos ante una decisión estructural del Sistema Previsional Argentino, pero también y, esencialmente, del sistema de cohesión social como el Estado en definitiva garantiza que lo va a hacer, porque cada vez, como decía antes, que hubo crisis, finalmente el Estado apareció: apareció garantizando la deuda privada en 1982 estatizándola, volvió a hacerlo en el año 2001, siempre aparece el Estado, pero el Estado aparece cuando las cajas que viene a garantizar ya han sido vaciadas, saqueadas y no hay nada. (APLAUSOS)

Por eso, es muy importante esta decisión estratégica en defensa de nuestros jubilados, de nuestros pensionados, en definitiva, de nuestro futuro y lo hacemos con la convicción, pero con la profunda tranquilidad, de ser absolutamente coherentes en todas y cada una de las decisiones y cada una de las medidas que hemos tomado.

Creo que también, aunque muchas veces no sea un valor demasiado apreciado el de la coherencia, que sigue siendo sí un importante valor político que deber ser merituado por la sociedad y por todos nosotros. (APLAUSOS)

Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y decirles una vez más de nuestro compromiso con todos ustedes, con el país, con sus intereses, con sus trabajadores, con sus empresarios, con sus estudiantes, con sus jubilados, con sus pensionados; nadie vive una vida diciendo y proclamando lo que siempre ha pensado, lo que siempre ha hecho, aún muchas veces a costa de enfrentamientos que en el pasado me tocó tener, sin precisamente tener esa coherencia y ofrecerla como testimonio a todos los argentinos de nuestro compromiso con este país y con todos ustedes.

Quiero agradecerles y pedirles disculpas una vez más por lo apretaditos que estamos hoy aquí, pero quería hacerlo aquí, en serio, en donde realmente están los dueños de esos aportes, en la ANSES.

Muchas gracias y muy buenas tardes. (APLAUSOS)