ORGANIZACIONES POPULARES, LA NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN Y LA BATALLA POR LA PALABRA (Marcelo Koenig)

La nueva ley de medios es un desafío. Conquistar una ley democrática escribiendo el epitafio de la ley de la dictadura es una cuenta pendiente del último cuarto de siglo, desde la restauración democrática. Una de las tantas deudas con la justicia que esta democracia que supimos conseguir aun no ha afrontado. Nunca es demasiado tarde. Vamos a dejar atrás una ley obsoleta. Dictada en un tiempo donde existían sólo un puñado de televisores color en todo el país y un elemento de alta tecnología era el fax. Una ley firmada por Videla (responsable del genocidio político) y Martinez de Hoz (responsable del genocidio económico). Una ley fundada sobre la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional. Por eso fue que esa ley nos desapareció la palabra. Aquellos que soñamos por la liberación tuvimos demasiados años la palabra secuestrada, torturada, desaparecida. Aunque jamás fue vencida. Continuó rondando por nuestros barrios, de boca en boca, refugiada a veces en las radios comunitarias, en las revistas barriales y las políticas…

En los tiempos de Alfonsín, asistimos al incesante bombardeo de los tíos Bernardo y Mariano, contra el Estado, preparando el terreno para la aplicación más estricta del Consenso de Washington. Y nuestra palabra era silenciada con el embate de la teoría de los dos demonios, que ponía en el mismo banquillo a víctimas y victimarios. El modelo liberal y dependiente, de rodillas ante el FMI se prologaba en el tiempo. Y la ley de radiodifusión dictatorial también. La democracia había perdido una oportunidad…

Vimos también, durante el apogeo del neoliberalismo, como nuestra palabra era pisoteada por el desmedido peso de la concentración monopólica y oligopólica. Maquillaje en un par de artículos de la ley de Videla y ya estaba lista para servir a esos propósitos. Los grandes medios se constituyeron en grupos económicos, siguiendo el camino general de la economía con las privatizaciones y la transnacionalización económica. El maridaje entre la democracia restringida y el reino absoluto de la voluntad del dios mercado, hizo que millones de argentinos cayeran en la exclusión. Sin pan y sin trabajo, nuestra palabra permaneció en el cono de sombra a la vera de los caminos y las rutas. Por lo menos hasta que empezamos a cortarlas.

Con el grito popular que dijo basta de injusticia y neoliberalismo se empezó a escribir otra historia. Y con Kirchner en el gobierno llegaron a la Rosada algunos de nuestros sueños. Pero aun la ley de la dictadura se resistió ocultándose tras la fuerza creciente de los grupos multimedia. Y les alcanzó la fuerza para arrancar una prolongación de sus licencias…

Por eso es que esta nueva ley, una ley de comunicación de la democracia, constituye un batalla por la palabra. Acaso la madre de todas las batallas. Tenemos que dejar definitivamente atrás los tiempos del silencio, en que los sectores populares no teníamos expresión.

Dentro de la palabra que queremos recuperar está, sin duda, la resignificación y el rescate de la política. Sin política no hay transformación posible. Y nuestra palabra política está enterrada bajo los escombros del bombardeo desinformativo, la frívola faradulización de los mensajes, y los intereses comerciales y económicos de los grupos económicos mediáticos.

En definitiva, los medios masivos de comunicación -con un nivel de concentración que sorprende incluso a los ojos de las grandes potencias del capitalismo- son el principal mecanismo de aplicación de la exclusión política. La política es demonizada, convertida en el chivo expiatorio de todos los males de la república. Así, los políticos son únicos los padres de todas las crisis. Jamás habremos de escuchar una autocritica acercad de la co responsabilidad del sector empresario. Los políticos –de forma indiferenciada, los revolucionarios y los reaccionarios en la misma bolsa- son seres corruptos que hay que alejar de la vida cotidiana de Pueblo, convertido en un nuevo escamoteo de palabras en gente. Gente preocupada por las cosas que les preocupan a ellos… Ellos que aunque tienen pleno ejercicio de su libertad de prensa y ni hablar de su excesiva libertad de empresa, dicen que están perseguidos e interferidos. Con la misma valentía que callaron ante la dictadura mientras desaparecían nuestros compañeros y se desvivieron en elogios hacia los dictadores. Casi da risa, si no fuera trágico.

Los monopolios y oligopolios mediáticos son una gran trinchera para la defensa de los intereses de sectores minoritarios que van a defender sus privilegios a capa y espada. Sus propios intereses en tanto grupos económicos.

Por eso es que esta ley es estratégica.

Los ejes de la propuesta de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual son claros. Es preciso garantizar el derecho a la información, además de a la libre expresión.

El hecho de declararla “una actividad de interés público” (art. 2) y no una mera cuestión comercial, regida por la libertad de mercado y el mero tráfico de mercancía (tal como lo hacía la dictadura) es clave. Siendo la comunicación parte del interés público, el Estado tiene el derecho y el deber de intervenir, de regular, de controlar los abusos y los excesos. Sin la intervención del Estado nuestros derechos se parecen a la libertad del gallinero. La libertad de que el zorro se coma a la gallina se coma al zorro. O en su otra versión: que el que se pare en el palo de arriba siempre nos cague.

Otra cuestión central es como se divide el espectro. Un tercio para la comunicación comercial. Un tercio para la pública, es decir, para la emanada de los órganos del Estado, con el debido control democrático.

Y finalmente, el otro tercio (art. 77) es para las organizaciones sin fines de lucro (a las organizaciones libres del Pueblo –en el camino de rescatar palabras-). Eso rompe con la esencia de la ley de la dictadura que sólo permitía a las entidades comerciales ser propietarias de licencias.

Pero la ley no será un punto de llegada sino un punto de partida. Las mayorías populares deberán aprender a darse herramientas de comunicación para recuperar la palabra y que la ley no sea letra muerta. Para evitar, por ejemplo, que el tercio de las organizaciones sin fines de lucro se convierta en el tercio de los testaferros o bien en un tercio inexistente por la incapacidad de gestionarlo económicamente. Es ahí donde es preciso darse una política estrategia de alianza con aquellos sectores con mayor fuerza económica pero con intereses contradictorios con los grandes monopolios como por ejemplo las grandes cooperativas y mutuales.

En síntesis, nos enfrentamos a la gran batalla por recuperar la palabra. El desafío de conquistar nuestro derecho a la información. Nuestro derecho a comunicarnos. Nuestro derecho de dejar atrás de una vez y para siempre los tiempos de la oscuridad y el silencio.

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY "SERVICIOS DE COMUNICACIÒN AUDIOVISUAL"

La Plata, 18 de marzo de 2009

Tienen que acostumbrarse que soy Presidenta, así que hagan una consigna con ovarios, en todo caso. Es difícil combatir el machismo, en la Argentina, hasta en las consignas de los compañeros más progresistas todavía. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas; señores Gobernadores; señores Intendentes; señores miembros del cuerpo diplomático; señores miembros de distintos cultos reconocidos en nuestro país; Madres, Abuelas (APLAUSOS); señor secretario de la CGT; de la CTA; organizaciones no gubernamentales en general; me olvidaba de Néstor, dónde estás; señor ex presidente de la Nación y titular del Partido Justicialista, Dr. Néstor Kirchner: cuando el año pasado comenzamos las reuniones con las organizaciones integrantes de la Coalición Democrática, y luego con las distintas organizaciones que nuclean a las empresas periodísticas, porque en realidad mantuvimos reuniones con todos los sectores, tal vez algunos creyeron que se trataba simplemente de un ejercicio que nunca iba a poder concluir en lo que hemos denominado una vieja deuda de la democracia, y que es esta propuesta de proyecto de ley, que hoy tenemos aquí.

Seguramente, cuando ustedes aborden la lectura de este trabajo, de este documento de trabajo, van a entender que no es una actitud que tenga que ver con una cuestión coyuntural, que tenga que ver con una cuestión de diferentes actitudes o posiciones que cada uno de los que tenemos responsabilidades institucionales tomamos ante determinadas actitudes o situaciones, por el contrario, van a ver que se trata realmente de un instrumento jurídico, que ha sido trabajado con una seriedad, con una profundidad que va a permitir precisamente, en un esquema como el que estamos proponiendo de foros regionales, a lo largo y a lo ancho del país, debatir sobre un tema que es central y que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho a aquellos bienes, de carácter social, que no pueden ser monopolizados por un sector, ni por una empresa, ni por nadie que crea en un mundo como el que estamos viviendo que puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un pueblo. (APLAUSOS).

Van a ver en este documento, realmente, no solamente cuadros comparativos, guías, podrán referenciar cuáles son los artículos que reflejan los 21 puntos de la Coalición Democrática, sino que tambièn verán por primera vez, desde el Código de Vélez Sársfield un proyecto de ley anotado. ¿Qué significa esto para los que no son abogados? Que al píe de cada artículo, que constituye la parte dispositiva de una ley, como es por ejemplo el Código Civil, hay lo que los abogados denominamos una nota, donde se explica el origen y el derecho comparado, que hemos tomado precisamente para formular esa nota. ¿Por qué fue esta instrucción que le di a todo el equipo que trabajó y que consultó para elaborar esta propuesta, que hoy estamos sometiendo a consideración de toda la sociedad, para luego llevarla al Parlamento? Porque precisamente no quería que a partir de la manipulación de la información, a partir de esa práctica, que muchas veces vemos, de extrapolar una frase o algo para querer presentar una cosa que no es. Quise precisamente que cada argentino, que cada argentina tuviera la garantía que cada una de estas normas que hemos plasmado en los artículos, que obviamente serán perfectibles, corregibles, mejorables tienen un origen, que es el derecho comparado, y fundamentalmente de todas aquellas democracias más modernas y más contemporáneas, en materia de acceso a la información y de sistemas audiovisuales. Era una obligación y una responsabilidad porque las frustraciones siempre han sido muy grandes en nuestra sociedad.

A veces tengo la sensación - recién cuando veía las imágenes del corto, recordaba lo que decía Gabriel: "25 años esperando para presentar una propuesta de proyecto de ley que pueda ser debatida por toda la sociedad" para que no sea, como alguien puso hoy: "Cristina presenta su proyecto", este no es el proyecto de Cristina, ni del gobierno ni de un partido, yo quiero que sea la propuesta que ponemos a consideración de los argentinos para que estos la mejoren, a partir de convocar a ONGs, sindicatos, universidades, por cierto sé que hay también rectores de universidades presentes, les pido disculpas por no haberlos mencionado, les agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes aquí y precisamente creemos que las universidades, sus estudiantes, sobre todo en materia de Ciencias de la Información van a ser uno de los núcleos y puntos nodales centrales en la discusión y en la formación de este proyecto, que tiene que ser además, tambièn, participativo para ONGs, para sindicatos, para las propias empresas e industrias culturales en el país. Y también quiero hacer una aclaración porque he escuchado también algunas críticas que se oponían a esta norma que todavía no conocían y decían que podía afectar tal o cual cosa. Esto se refiere estrictamente al sistema audiovisual de la República Argentina, una empresa puede ser propietaria de uno o de 20 ò de 1.000 diarios y periódicos que esta ley no los involucra, porque esto se refiere exclusivamente a sistemas audiovisual. Será que, tal vez, haya algunos que tengan, lo que comúnmente se denomina, cola de paja pero en realidad esto tiene que ver únicamente con el sistema audiovisual. (APLAUSOS)

La verdad que muchos, muchos de los puntos que están incluidos aquí son y van a constituir esencialmente el soporte de las nuevas tecnologías, porque - como lo charlábamos con la gente de la Coalición Democrática, el año pasado - esta ley no está solamente, la ley vigente invalidada por el origen, que por cierto es grave, dictatorial, está también invalidada porque ha sido tal el salto tecnológico, ha sido tal en pocos campos, como en el de la comunicación, hemos tenido una evolución tan vertiginosa, como en los últimos 20 ó 30 años. Necesitamos, entonces, un soporte jurídico precisamente para que la incorporación de esas nuevas tecnologías no ahonde la brecha digital y deje a la mayoría de la sociedad fuera de la modernidad y fuera de un sistema de comunicación que precisamente tiene que ser una garantía de que todo el mundo pueda expresarse y de que toda el mundo pueda acceder a toda la información.

Por eso, esa expresión "una ley para que todos puedan hablar y también para que todos se puedan informar", comprendiendo a la información, no como lo que alguien quiere que se sepa, sino realmente todo lo que sucede para que cada ciudadano, cada ciudadana, pueda formar su propia opinión.

Si ustedes me dijeran qué espero como resultado de esta ley, diría que es que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar, no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino que, precisamente, pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias religiosas, a todas las creencias políticas para que, entonces, ese ciudadano pueda decidir a qué dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta; en definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento. (APLAUSOS)

Si ustedes me preguntaran qué es lo que quiero, este sería mi mayor deseo como resultado positivo de la aplicación de esta propuesta que va a ser discutida y que, finalmente, llegará al Parlamento argentino como corresponde en todo sistema democrático, pero no ya siendo la ley de un gobierno o de un partido, sino el proyecto de ley de todos los argentinos. (APLAUSOS) El hecho de reservar el 33 por ciento del espacio audiovisual de la Argentina para organizaciones que no tengan fines de lucro, nos va a dar una garantía de ello. (APLAUSOS)

Por primera vez iglesias, universidades, fundaciones, sindicatos, organizaciones que no tienen fines de lucro, podrán acceder a tener una señal de transmisión, una voz, un lugar donde expresar lo que piensen, lo que sienten, lo que les pasa y creo que eso es, precisamente, articular, entonces, entre el Estado, la sociedad y el mercado.

Durante mucho tiempo hubo mucha negación por parte de los fanáticos del mercado de la importancia del Estado y, por supuesto también, de la sociedad, porque, en definitiva, cuando alguien afirma que el mercado todo lo resuelve, todo lo asigna y sobre eso no se puede discutir, hay una clausura, no solamente del Estado, porque, en realidad, cuando estaban clausurando el Estado estaban clausurando la participación de la sociedad. Lo que pasa es que quedaba mucho mejor decir que el Estado era ineficiente a reconocer verdaderamente que es mucho mejor para el mercado cuando la sociedad no interactúa. (APLAUSOS)

Creo, amigos y amigas, sinceramente, que todas las teorías excluyentes y negadoras finalmente terminan cayendo, como cayó el Muro de Berlín cuando negó la posibilidad de que la sociedad pudiera acceder y disfrutar de bienes y servicios del mercado y como cuando caen también los muros de Wall Street, cuando niega la posibilidad de que la sociedad y el Estado tengan participación en la regulación de las actividades que conforman el mundo económico. (APLAUSOS)

Por eso creo que en esta ley estamos condensando además, lo que podríamos llamar los tres actores fundamentales: la sociedad, el Estado, en sus poderes, y el mercado y también, por primera vez, que el sistema audiovisual nacional tenga participación en la dirección, no solamente de representantes del Poder Ejecutivo, que obviamente para eso se hacen elecciones democráticas donde alguien tiene la iniciativa desde el aparato del Estado, sino también para que tengan participación las minorías parlamentarias y la constitución de una comisión bicameral que, además, haga seguimientos sobre todo el sistema audiovisual en la Argentina. Algo inédito también y que no existía hasta ahora y que lo ponemos a consideración de la sociedad seguramente para mejorar la propuesta.

Finalmente, quiero decirles algo. Yo escuchaba cuando Gabriel decía que hacía 25 años que esperábamos esto y cuando uno mira las cosas que han sucedido en estos años, no solamente, por supuesto en este año y pico que llevo como Presidenta de los argentinos, sino en el período que se inició en el 2003, tengo la sensación de que somos un gobierno que venimos pagando viejas deudas, un gobierno pagador de deudas de la democracia, desde el nivel de desendeudamiento, que usted ex presidente comenzó a poner a nuestro país cuando canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional (APLAUSOS), sino también la deuda que significaba que quienes habían torturado, asesinado y desaparecido durante los años de la dictadura estuvieran libres y amnistiados (APLAUSOS), nuestra deuda con los derechos humanos (APLAUSOS), la deuda con nuestros jubilados (APLAUSOS), primero reconociéndoles aumentos desde que usted fue presidente y luego culminando con las dos leyes que tuve el honor de enviar como Presidenta de todos los argentinos al Parlamento y que fueron, una, la de consagrar la movilidad de los haberes y pensiones de los jubilados y, la otra, la de volver al Estado la administración del ahorro público de los argentinos (APLAUSOS). Siento que somos un gobierno pagador y pagador de deudas que contrajeron otros o que las construyeron otros, mientras que muchos de ellos, sin embargo, nos dicen que somos un gobierno que nos gusta manejar y administrar la caja.

Realmente, hemos pagado las deudas de los gobiernos que manejaron muy mal la caja de los argentinos, pero que tal vez manejaron muy bien otras cajas difíciles de ver (APLAUSOS) y, además, muchas de las veces prolijamente ocultadas también y disimuladas por quienes resultaron beneficiarios.

Yo tengo la esperanza de que podamos discutir y debatir esta ley en sociedad y luego en el Parlamento. Seguramente, como en todas las cosas que afectan intereses poderosos, habrá piedras en el camino, habrá intentos de tergiversación, habrá voces de esas que nunca faltan haciendo planteos. Bueno, todos ustedes vieron que todavía no se había conocido el proyecto de ley y ya algunos escribían hasta artículos en los medios de comunicación sobre un proyecto que todavía no había alumbrado.

Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los argentinos para abandonar esas actitudes irreflexivas de oponernos por oponernos, de decir que no porque no o lo que es peor -y se ve en estos días, no tal vez con respecto a esta ley pero sí con respecto a algunas cosas que hoy está tratando el Parlamento-, hacer una cosa y cuando otro hace lo mismo está mal o lo critican, como aquel viejo dicho de "haz lo que yo digo pero no lo que yo hago". (APLAUSOS)

Yo creo que tal vez nos acostumbramos a ese tipo de prácticas porque siempre pasaba algo que borraba lo que se había hecho y, entonces, había un determinado lapso entre un hecho y el otro que permitía que la memoria no recordara una cosa y no pudiera identificarla correctamente. Pero las cosas suceden con tanta vertiginosidad que hemos llegado a escuchar cosas el día jueves, otras el día viernes y otras el día lunes sobre una misma cuestión y todas diferentes. (APLAUSOS)

Creo, entonces, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todos, no es que haya nadie perfecto, yo no me siento mejor que nadie, se los puedo asegurar, sí me siento muy comprometida con mis convicciones, las que siempre llevé adelante con mucho esfuerzo, con mucho costo personal, pero con la gratificación de, tal vez, bueno, hacer honor a esas cosas por las cuales siempre creí y por las cuales me incorporé a la política en esta ciudad cuando era muy jovencita (APLAUSOS). Siempre que vengo a La Plata entro en un estado muy especial y cuando estoy además en este lugar, en este querido Teatro Argentino, que ha sido escenario de momentos muy importantes en nuestra vida política y en nuestra vida personal, obviamente, porque no podemos ser dos, ese estado es más especial. Yo no creo que una persona sea buena persona en un lado y mala en el otro, yo creo en las buenas personas en general, en la política, en la vida cotidiana (APLAUSOS) y la verdad es que quiero decirles que yo me siento muy agradecida a la vida, muy agradecida a todos ustedes, muy agradecida a los hombres como Gabriel Mariotto y su equipo (APLAUSOS) que pusieron mucho esfuerzo para que pudiéramos cumplir esto y quiero decirles a los argentinos que vamos a seguir pagando todas las deudas que tenemos todavía con millones de argentinos a los cuales no hemos podido llegar porque no han podido conseguir un trabajo o porque todavía están precarios o porque todavía no tienen un salario o porque todavía no tienen educación o vivienda o agua potable, es una deuda casi interminable, pero estamos dispuestos a dar nuestra vida para seguir pagándola. (APLAUSOS)

Por eso, agradecerles a todos y que esta ley que va a ser de la sociedad y que va a ser de la Argentina, sea una voz plural en lo social, en lo federal y que pueda ser un instrumento para que todos tengamos el derecho a ser visibles en la sociedad, que esta es la otra cosa que muchas veces nos han negado, no nosotros que, obviamente porque ocupamos cargos altos aunque quieran ocultarnos es más difícil, pero sí otros, los invisibles, los que solamente aparecen en una tragedia o solamente son instrumentos para presentarlos como demandas contra tal o cual idea. (APLAUSOS)

Yo creo, sinceramente, que tenemos una oportunidad muy grande todos los argentinos de seguir construyendo democracia, de seguir construyendo participación, de seguir construyendo autonomía nacional, de seguir construyendo esto que estamos haciendo, con dificultades, con contradicciones, con marchas y contramarchas, pero con la convicción y la certeza de que estamos construyendo entre todos un país diferente, el país que alguna vez soñamos.

Muchas gracias y buenas tardes a todos. (APLAUSOS)

Proyecto de Ley de Radiodifusión

Kirchner en Carta Abierta

Fuente: Carta Abierta

KIRCHNER VISITO A CARTA ABIERTA Y LLAMO A “PROFUNDIZAR LA DISTRIBUCION DEL INGRESO”

“No nos derrotaron, fuimos traicionados”

El ex presidente participó del encuentro de intelectuales para agradecerles “el gesto de valentía” durante el conflicto rural. Repasó el año, discutió con el público sobre las alianzas del oficialismo y dijo que en 2009 habrá “un punto de inflexión” con la Ley de Radiodifusión.

“¡Ahí llega el flaco!”, se escuchó gritar a algún confianzudo. “¡Ahí viene Kirchner!”, confirmó otro. Los integrantes de Carta Abierta no lograban salir de su asombro: sonriente y chispeante, esperando su turno para participar como uno más de la asamblea, el ex presidente apareció ayer en la Biblioteca Nacional, en la última reunión anual del espacio de intelectuales y artistas surgido al comienzo del lockout campestre. “Sentí que tenía que estar por el gesto de valentía que ustedes tuvieron entonces”, dijo Kirchner. Durante los 15 minutos que duró su discurso, llamó a “profundizar la redistribución de la riqueza”, insistió con que en el conflicto rural “no nos derrotaron, sino que fuimos traicionados”, y adelantó: “En el 2009 puede haber un punto de inflexión que va a ser la Ley de Radiodifusión”. La sala Juan L. Ortiz de la biblioteca estaba llena, había representantes de Carta Abierta de La Pampa, Mar del Plata, San Juan, Córdoba, La Plata, San Nicolás, San Martín, Necochea, entre otros lugares del país. La reunión ya había comenzado y Diego Tatián, representante del espacio en Córdoba, reflexionaba sobre la necesidad de buscar nuevas palabras que recuperen y resignifiquen una perspectiva crítico-emancipatoria de la política. En ese momento, casi sin custodia, el ex presidente aparecía en la última reunión del primer año de existencia del espacio. Tatián continuó hablando después de la intervención del moderador de turno, el editor Rodolfo Hamawi, que le explicó al “compañero Néstor”: “Como estamos en una asamblea, esperaremos que termine el compañero de Córdoba”, pedido que Kirchner aceptó con agrado y uno de sus característicos guiños. A su lado estaba el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, y más tarde se sumaría el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Kirchner ya había visitado al espacio en junio, en pleno conflicto con el agro. Ayer, cuando le tocó hablar, reconoció la significación de Carta Abierta como colectivo intelectual-político. “Cristina me dijo que tenía la obligación de venir al brindis y apenas me dijo eso sentí que tenía que estar por el gesto de valentía que ustedes tuvieron entonces”, contó Kirchner. “No nos derrotaron –dijo en referencia a la puja con la Mesa de Enlace rural–, sino que fuimos traicionados. Pudimos haber tenido mil errores, pero lo cierto es que después de muchísimas décadas se planteó seriamente la discusión de la redistribución del ingreso frente a sectores del poder”. Kirchner llamó a “profundizar el modelo de redistribución de riqueza”, y señaló que “la medida más importante del 2003 a la fecha es la estatización del sistema jubilatorio porque los fondos de la gente volverán a la gente”. También remarcó “la recuperación de Aerolíneas Argentinas como línea de bandera”. Pero los aplausos se hicieron oír cuando anticipó que “en el 2009 puede haber un punto de inflexión que me parece a mí va a ser la Ley de Radiodifusión”, un reiterado reclamo de amplios sectores sociales y culturales. En un momento, Kirchner afirmó que “es necesario juntar a todas las fuerzas posibles”, pero una mujer le reprochó: “Con todos, no”. Sin que se lo mencionara, el fantasma del ex carapintada Aldo Rico, flamante titular del PJ de San Miguel, acechó por unos segundos. Pero Kirchner no se inmutó y sólo respondió “es necesario porque debemos ganar si queremos profundizar el modelo”. Luego, el titular del PJ finalizó su breve discurso elogiando al espacio de intelectuales porque “su nacimiento marca la oportunidad de que la política vuelva a ser pensada, de volver a sentir que es posible la construcción de un espacio progresista, transformador”. Al término de la asamblea, Ignacio Vélez, integrante de la comisión de salud del espacio, todavía celebraba: “Es un gesto cargado de política, fue una manifestación de valoración y de respeto hacia Carta Abierta, aun sabiendo que es un espacio en el que no somos ciegamente adherentes, él rescató justamente nuestra libertad crítica”. Nacho Vélez remarcó que “es una muestra más del esfuerzo por construir un campo popular conformado por distintos sectores”. Antes de que Kirchner sorprendiera con su visita, el filósofo Ricardo Forster abría una jornada que estuvo marcada por la valoración del corto pero fructífero camino recorrido por el colectivo. “Carta Abierta reivindica la unión de emancipación, autonomía, igualdad y compromiso crítico”, afirmó Forster. Y resaltó que el espacio “es la conjunción de sus escrituras, la asamblea con su clima libertario y la búsqueda de un lenguaje para tratar de decir aquello que acontece”. El intelectual recordó al fallecido Nicolás Casullo, uno de los principales gestores y articuladores conceptuales del grupo. Invitado especial, el juez Norberto Lorenzo, integrante del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que condenó al represor Miguel Etchecolatz y al cura Christian von Wernich, habló de la difícil situación que atraviesa. El encuentro finalizó con el brindis de fin de año y unas palabras del director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que habló sobre el sentido del compañerismo político ante la atenta mirada de Néstor Kirchner, que luego se quedó saludando a los participantes. Informe: Tomás Forster.

Fuente: Página 12, domingo 21 de diciembre 2008

El Estado en el medio (Mónica Beltrán *, en Página 12, 22 de octubre de 2008)

Se suele decir que una de las deudas pendientes de la democracia es la Ley de Radiodifusión. Tal vez sea hora de intentar ir un poco más lejos. Nadie pone en duda que no es lo mejor para un país democrático funcionar con una ley sancionada por la dictadura. Pero el problema no es sólo la ley, son los múltiples decretos sancionados por gobiernos democráticos que permitieron la concentración de los medios en pocas manos, es la anuencia de los oficialismos ocasionales en el Congreso, que fracasaron en intentos de reforma, y también la de una gran parte de la sociedad que sigue los programas taquilleros, como si hubiera sido hipnotizada, favoreciendo con su encendido el mito del “rating”.

Es tiempo de hablar, sin temor de que nos acusen de querer restringir la libertad de expresión, sobre cuál debe ser el rol de un Estado democrático a la hora de regular los contenidos que se transmiten por los medios de comunicación audiovisual. Una parte significativa de la intelectualidad argentina que se define como progresista defiende en la teoría la democracia informativa y la pluralidad de ideas, pero no se anima en los hechos a discutir seriamente la necesidad de intervención del Estado en los contenidos, por temor a que, desde posturas liberales, se los acuse de coartar la libertad de prensa. Esa dicotomía: intervención del Estado versus libertad de expresión, es falsa y funcional a los intereses de los empresarios que concentran el poder y están al frente de los medios de comunicación.

No es posible ignorar en estos días el fuerte impacto que los medios en general, pero sobre todo la televisión, tienen en la formación de las nuevas generaciones y en la educación integral de los niños y los jóvenes. La escuela pública, como institución estatal, tiene también sus desafíos en este tema. Así como la escuela sarmientina se propuso homogeneizar las raíces culturales de los hijos de inmigrantes en las aulas argentinas, en su época; las instituciones educativas de hoy deberían promover en los chicos un pensamiento crítico y flexible, capaz de leer por igual los clásicos de la literatura universal y los valores que, con sus géneros mezclados y confusos, les imponen las telenovelas de moda de la tarde, con toda su carga cultural.

Hay un rol central de los ministerios de Educación nacional y provinciales que tienen que ofrecer capacitación gratuita y masiva, para garantizar a los profesores una formación con contenidos que incluyan las nuevas tecnologías y sus discursos. Hoy más que nunca, con la extensión de la obligatoriedad de la educación formal, los alumnos provienen de familias diversas, cuyos principales signos en común son la fragmentación, heterogeneidad y el acceso a los contenidos televisivos.

Por eso no sólo será necesario el envío al Congreso de un proyecto oficial sobre comunicación audiovisual –hubo decenas desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días y ninguno pudo ser aprobado–, sino que el desafío es instalar un debate público sobre el papel de regulación de los medios que el Estado tiene que cumplir.

Una anécdota reciente, durante un seminario organizado por el Ministerio de Educación para debatir la calidad de la televisión, permite graficar hasta qué punto las sociedades legitiman o no la forma en que funcionan sus instituciones. Las normas y las leyes tienen el sustento que sus sociedades les otorgan. Y el cumplimiento o incumplimiento que les permiten.

En el encuentro, una funcionaria francesa del Conseil Supérior de l’ Audiovisuel francés, Agnes Vincent Deray, explicaba cómo prohibieron en ese país a las cadenas de televisión editar o difundir programas para niños menores de 2 años. Desde la platea una especialista en educación preguntó: “¿Cómo logran que los canales privados respeten las normas de prohibición?”. A lo que la francesa respondió: “Somos el Estado, ¿cómo harían los canales para no respetar la norma? Es una ley. Es imposible no cumplirla”.

El silencio en la platea dio cuenta de la distancia entre una y otra realidad.

La comunicación es un derecho de todos. El ejercicio de ese derecho nos abre las puertas de acceso al conocimiento y permite la construcción de discursos y debates más pluralistas. La sociedad será más democrática en la medida en que el Estado garantice a todos sus ciudadanos el pleno ejercicio del derecho a la comunicación.

* Periodista educativa, directora del portal Cátedra Libre Digital.

Sos el Primer Comunicador (Ley 14.241)

Fue en el gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 1953, que se votó la primera y única Ley de Radiodifusión de la democracia. Llevaba el número 14.241 y fue derogada por la dictadura instaurada en 1955. La Dictadura de Aramburu y Rojas, (más y mejor conocida como la Fusiladora, por los crímenes por ellos cometidos), con la derogación de la 14.241 clausuró por años el debate de una política de comunicación democrática.

Ningún gobierno de origen popular, hasta hoy, pudo torcer el lobby empresario que sostiene que la mejor ley es la que no existe, imponiendo sus intereses económicos por sobre el Estado y el pueblo. La Ley de Radiodifusin de 1953 establecía la universalidad del servicio impulsando que la comunicación debía llegar a todos los habitantes de la nación. También establecía límites a la formación de oligopolios y planteaba un sistema nacional de medios públicos estatales que tendrían alcance internacional.

Extraído de Kámara Blindada.

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN: LEY 14.241 DE 1953

Medios de Comunicación y Peronismo
Aritz Recalde

INTRODUCCIÓN

Lisa y llanamente, que las clases dirigentes argentinas después del 1853 fueron educadas de acuerdo con una aberrante interpretación de la escuela liberal, esto es, que debían servir primero a la Libertad y después a la Nación; en consecuencia, ellos mismo, los Paz y los Mitre, directores y propietarios de diarios antiguos, extendidos e influyentes en el país, entre la libertad para una prensa chantajista y dañina y la salud pública, prefieren la libertad, aun cuando esa prensa haya lesionado sus propios intereses.
Ramon Doll (1)

Este trabajo es un breve análisis de la única ley de Radiodifusión producto del voto del congreso nacional en la Argentina. Nos referimos a la ley 14.241 del año 1953 que fue derogada por la dictadura impuesta en el año 1955 (2) y olvidada por los distintos gobiernos, militares y civiles, existentes hasta el día de la fecha.

Pese a la existencia de la ley 14.241, producto, repetimos, del debate del congreso y el funcionamiento del sistema institucional democrático de partidos, el marco normativo actual es el decreto ley 22.285 del año 1980, ideado bajo el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla. La vigencia del marco normativo de radiodifusión de la dictadura y el desconocimiento generalizado de la ley del año 1953, expresan y por lo menos, dos cuestiones elementales: por un lado, la capacidad de los grupos concentrados ligados a la producción y circulación de la información para mantener un esquema de funcionamiento normativo que les otorga altos privilegios y la posibilidad de actuar en muchos casos, discrecionalmente y en contra del bien común de la nación y cuestión que la ley 14.241 reglamentaba; pero además y tema central para el desarrollo de nuestra democracia, el estado actual de funcionamiento del sistema de radiodifusión es un síntoma de la inexistencia de una Política Nacional de Comunicación (3).

Dicha falencia no es propia de este gobierno, ni tampoco una cuestión de las últimas décadas, sino que por el contrario, es parte de la génesis misma de la fundación del Estado nacional. Las justificaciones de la defensa de los privilegios del sector privado en la comunicación y su relación con la negativa a que el Estado implemente una regulación estatal que priorice el bien común sobre el egoísmo individual, se liga directamente a los contenidos liberales de la constitución del año 1853 (4). Este texto cristalizó jurídicamente la supremacía económica, política y lo que nos interesa en particular en este trabajo, la supremacía cultural, de los intereses del liberalismo británico y los grupos de poder portuario. El “triunfo da derechos”, y entre ellos, el de promover el modo de pensamiento de los vencidos y es por eso, que la constitución del año 1853 estableció dos de los equívocos de interpretación, que al día de la fecha, son reivindicados como incuestionables por muchos sectores de la prensa: uno, es la interpretación de la categoría de la “libertad de prensa” (artículo 14 y 32 de la C.N. 1853) y el otro, el de “la igualdad de extranjeros” (artículo 20 de la C.N. 1853).

Al llamar “equívoco” a libertad de prensa, no cuestionamos el derecho a opinar, pensar libremente y a desarrollar distintas expresiones culturales y verterlas en la prensa que tienen los ciudadanos, derecho mencionado en la constitución nacional y digno de ser reivindicado. Ahora bien, la “libertad de prensa” para los vencedores de la batalla de Caseros del año 1852 y la sanción de la constitución de 1853, se relacionó a la libertad de empresa, que tuvo y tienen, los sectores del poder económico para hacer de la comunicación y la prensa, palancas de desarrollo de su capital y sus negociados, no importa que costos eso origine para el bien común del país. En nombre de la libertad de prensa los vencedores de Caseros fundaron los diarios La Nación y La Prensa, de las familia Mitre y Paz y que junto al control que ejercieron sobre la Academia Nacional de Historia, les permitió adquirir una fuerte influencia sobre la producción y distribución de la noticia en el país.

Lo pernicioso de este postulado llega hasta el día de la fecha y es por eso, que la libertad de prensa tal cual se ejerce desde los grupos oligopolios de la comunicación, no oficia como una garantía del derecho opinar y pensar libremente de los ciudadanos y los pequeños medios de comunicación, por ejemplo, frente a una dictadura o un gobierno autoritario. Sino que por el contrario y paradójicamente, la “libertad de prensa” esta relacionada estrechamente a “libertad de empresa” de grupos de oligopolios y oficia como un medio para chantajear, enfrentar y en muchos casos, desestabilizar gobiernos democráticos desconociendo el mandato popular (5). En nombre de este equívoco de interpretación se intentó obstaculizar el debate en los círculos intelectuales sobre la necesidad de reglamentar el funcionamiento de las comunicaciones y junto a ello, se obstruyó la necesidad de implementar una política de Estado que regule la prensa. A partir de aquí, es que sigue vigente la carencia de un marco legal que fije taxativamente el rol y la responsabilidad social que implica ser licenciatario de medios: los medios de comunicación, escritos o audiovisuales, son un servicio público y no un negocio privado y menos aún, deberían ser un negocio privado extranjero con sede en Argentina.

El otro equívoco de interpretación establecido por los grupos de poder terrateniente ligados Inglaterra y que obstaculizó el debate sobre la sanción de un marco legal para las comunicaciones, es la declaración de la “igualdad de extranjeros”, que llevada al campo de la prensa, implicó garantizar a los propietarios extranjeros la posibilidad de adquirir los medios de comunicación en nuestro país con escasas limitaciones. Esta posibilidad operó y oficia actualmente, como una palanca para desfavorecer económica y culturalmente, a nuestro país en beneficio de los intereses extranjeros. La acción de difusión de dicho concepto influyó en la educación de la intelectualidad y los sectores medios. El liberalismo conservador e históricamente, fue difundido por la prensa de la oligarquía y los grupos de poder bonaerense.

Esta tarea se relacionó a la acción cultural extranjera y es repetida a lo largo de décadas detrás del supuesto de que las instituciones (la constitución liberal del año 1853, por ejemplo) “están antes que el país”. O sea, el derecho a la “libertad de prensa” de un particular estaría por sobre los derechos colectivos de los habitantes y las instituciones de la nación. A partir de aquí, que los planteos que cuestionaron el orden político liberal o el funcionamiento de la prensa extranjera, fueron acusados de “barbarie” o de “autoritarios” por las corrientes de pensamiento liberal. La civilización, sería el orden liberal impuesto a través de las normas de la Constitución del año 1853 y la barbarie, cristalizó en los caudillos y las poblaciones del interior que se opusieron a ese modelo. Este planteo sostuvo que las poblaciones de nuestro país eran atrasadas, carentes de cultura e incapaces de cumplir con los designios de las instituciones liberales y dichas nociones fueron incluidas y difundidas por la prensa (6). A partir de aquí, que varios de los intentos del Estado de regular la prensa fueron definidos como “autoritarismo” y como una “violación” de los derechos liberales y las libertades cívicas. Este equívoco haría y hace en la actualidad, un daño inconmensurable al país y a los valores, tradiciones y demás elementos de la cultura nacional.

El desarrollo de la gran prensa escrita luego de Caseros o la aparición de la radio en la década de 1920, nacieron a la sombra de esta concepción y es a partir de aquí, que tendrían acceso privilegiadamente los sectores vinculados a la oligarquía terrateniente. Ante este fenómeno, el Estado no implementó una reglamentación adecuada de las comunicaciones. Por mucho tiempo, el Estado no estableció el funcionamiento de la prensa y la radio, que quedaron sujetas a los artículos mencionados de la constitución nacional del año 1853. El liberalismo de la constitución del año 1853 y el supuesto de que el Estado no debe reglamentar la prensa y casi sin excepciones, funcionó hasta la llegada e implementación de la ley 14.241. Esta última, fue la primera experiencia concreta de implementar una Política Nacional de Comunicación en Argentina en el marco de un gobierno democrático.

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Más democracia (Página 12, 23 de julio de 2008)

El debate sobre una futura ley de radiodifusión debe contemplar efectivamente la representación de los actores sociales. En este marco la universidad también tiene responsabilidad en la construcción de actores políticos.


Por María Graciela Rodríguez* y Santiago Marino**

Participamos de la reactivación de un debate tan necesario como ocultado por 25 años: la necesidad de sancionar una ley de radiodifusión democrática en democracia. Esa discusión se da en el marco de un conflicto político intenso que permitió observar el modelo hegemónico de producción de sentido (y por ende de consensos) sobre los acontecimientos. Este modelo, derivado de la concentración de la propiedad de medios, exige un análisis amplio sobre las dinámicas políticas, el marco normativo y también sobre el concepto de “representación”, elemento cultural y político clave.

La radio y la televisión utilizan el espectro radioeléctrico, un espacio finito y declarado patrimonio de la humanidad. Por pertenecer a todos los ciudadanos debe ser administrado por el Estado, cuya acción requiere garantizar el derecho a la información. En Argentina es regulado por el decreto-ley 22.285, sancionado en la dictadura más cruel de nuestra historia. Las reformas realizadas en el sistema democrático –por acciones del Estado y presiones del mercado– empeoraron las condiciones de acceso y participación (sobre todo ésta) de los ciudadanos a la comunicación. Porque la concentración de la propiedad de medios y la centralización de la producción/distribución de discursos afectan la democracia y la construcción de identidades nacionales, en la que acciona –entre otros– el concepto de representación.

En tal contexto, es necesario garantizar la construcción de distintas voces, para acercar lo más posible la brecha entre la representación política y la cultural, tándem que –en el contexto mediático nacional actual– aparenta ser una misma cosa y sin embargo está lejos de serlo.

Parece una idea simple: la representación, por definición, no puede abarcar a todos los sujetos. Acaso por eso mismo, la representación política es la base del funcionamiento democrático. La democracia opera constitutivamente a partir de disensos y consensos. Si éstos no existen habrá otra cosa, pero no democracia. La representación política, que por definición implica un desfase con aquello que dice representar, es entonces el lugar de apoyatura del debate público. Por su parte, la representación mediática es, en un sistema mercantilista, de otro carácter: la orientan intereses privados y comerciales. Los medios ponen en circulación bienes culturales portadores de significados y regidos por las lógicas del mercado; que son a la vez mercancía y vehículos de significación, que no sólo poseen un valor (económico) de cambio, sino que son condición y motor para el establecimiento de consensos. Por eso mismo presentan una arista sumamente delicada en la construcción democrática.

En esta trama se construye la ilusión de que la representación democrática y la representación mediática son equivalentes. Pero mientras que la superficie mediática da visibilidad a actores sociales diversos (seleccionados por criterios de noticiabilidad y de potencialidad de venta), la trama institucional democrática corre por otros andariveles.

Así, las representaciones que los principales multimedios (señales de noticias de TV por cable, Grupo Clarín, diario La Nación) realizaron del lockout agropecuario, superpuestas de modos complejos con las representaciones políticas, construyeron una ilusión que no es sólo causa, sino también parte constitutiva del problema.

Los medios no pueden darles voz a todos los actores sociales sin traicionar su propia lógica mercantil. Las instituciones democráticas no pueden desatender la voz de las mayorías sin traicionar su propia lógica republicana.

Existe una necesidad pública de avanzar hacia una regulación nueva y democrática. La sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente. La acción no se agota con la ley, son complementarias las gestiones de control y la militancia social. El nuevo marco normativo deberá garantizar las condiciones democráticas que definen claramente los “21 puntos por una radiodifusión democrática”. Pero además deberá permitir –en su espíritu y aplicación– la representación de todos los sectores. Sólo así podremos darle más democracia a la democracia.

* Magister en Sociología de la Cultura, docente UBA y Unsam.

** Magister en Comunicación y Cultura, docente UBA.

Medios y fines (Natalia Calcagno*, Página 12, 23 de mayo de 2008)

La propiedad de los medios de comunicación (TV, radio y publicaciones periódicas) en la Argentina actual se encuentra fuertemente centralizada. Esta concentración es identificable según tres direcciones: horizontal (adquisición de varios medios de comunicación del mismo tipo), vertical (adquisición de empresas de otras áreas que conforman la cadena de valor, por ejemplo, una licenciataria de TV se convierte en productora de contenidos) y conglomeral (diversificación de la presencia corporativa en distintas esferas de los medios de comunicación y en sus auxiliares, nuevas tecnologías de la información y la comunicación). Estos tres tipos de concentración se profundizaron, con extraordinaria fuerza, desde la década del noventa. Hoy, los seis grandes grupos multimedios (Clarín-Artear, Admira-Telefónica, América Multimedios, HMT&F, Grupo Hadad y La Nación) controlan o tienen participación accionaria en alrededor de 200 medios de comunicación.

Esto genera que las estrategias masivas de comunicación de la radio, la TV, los diarios y las revistas estén definidas por pocas manos. Por ejemplo, en el caso de la TV abierta, los tres principales grupos multimedios (Clarín, Admira-Telefónica y América Multimedios) poseen el 60 por ciento de las televisoras abiertas de gestión privada. Esta concentración genera un impacto no sólo económico sino también cultural.

En efecto, los medios de comunicación son distribuidores masivos de contenidos, en los más diversos formatos y géneros. Programas, films, ideas, músicas, voces, texturas; símbolos, en suma, de todo tipo: políticos, deportivos, sociales. Entre otras cosas, esto quiere decir que ponen en circulación algunas películas y otras no, algunos libros y otros no, algunos discos y otro no. Es decir, definen la oferta cultural por antonomasia, los alcances y las variaciones de los consumos culturales masivos, controlan la cocina y el menú. De modo que la problemática de los medios de comunicación es un asunto cultural de primer orden y, por lo tanto, compromete a los hacedores de la cultura: a los gestores, a los funcionarios y a las amplias franjas de consumidores culturales, que bien podrían ser redefinidos, antes que como clientes, como ciudadanos con derechos culturales.

Los medios de comunicación establecen agendas, definen prioridades, configuran la opinión pública y la cultura contemporánea, es decir, los supuestos y las preferencias, a una escala diaria e inmediata, implacablemente decisiva. La mercancía que “venden” los medios es una mercancía que debería llevar en alguna parte la etiqueta de “frágil”, como un juego de cristalería. Y, a la vez, su contenido es de alto voltaje. Su espesura impacta directamente en los valores de la sociedad, la identidad colectiva, la formación ciudadana, es decir, en la cultura argentina. Los contenidos mediáticos no son sólo un tema periodístico editorial sino que involucran el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo cultural.

Los medios de comunicación hoy son básicamente grandes holdings empresariales –nacionales y extranjeros– que definen sus estrategias de comunicación, en última instancia, con fines comerciales, con una lógica de mercado que responde a sus intereses particulares. Sin embargo, el derecho a la información y el fortalecimiento de la cultura nacional son cuestiones que exceden en mucho a la lógica de mercado y, como su desarrollo es una cuestión de interés común, es imprescindible que el Estado observe y resguarde se plena vigencia.

En este sentido, es preciso que toda la sociedad, y en especial los tomadores de decisión, tomen conciencia de que los medios de comunicación, como el resto de las industrias culturales son, además de un sector económico importante con una gran potencialidad de crecimiento, vehículos poderosos y estratégicos para la defensa de valores, el desarrollo humano integral, la defensa de las identidades comunitarias, nacionales y regionales, el ejercicio de la cultura como una dimensión central de la ciudadanía, una cultura que no oculte ni naturalice la desigualdad social, que promueva a autores y artistas nacionales, que fomente la creatividad y la imaginación.

Desde esta perspectiva, el debate actual sobre el accionar de los grandes grupos multimedios es una apuesta por la democracia, la inclusión social y la diversidad cultural en la Argentina.

* Coordinadora del Laboratorio de Industrias Culturales y del SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina), Secretaría de Cultura de la Nación.

LOS 21 PUNTOS PARA UNA NUEVA LEY DE RADIODIFUSION

INICIATIVA CIUDADANA
POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA

Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.

Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.

La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural.

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.


FUNDAMENTOS

• Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.

• Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.

• Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.

• Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.

• Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.

• Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.

• Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.

• Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.

• Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.

• Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.

• Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.

• Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.

• Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.

• Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.

• Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."

• Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.

• Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.