La nueva ley de medios es un desafío. Conquistar una ley democrática escribiendo el epitafio de la ley de la dictadura es una cuenta pendiente del último cuarto de siglo, desde la restauración democrática. Una de las tantas deudas con la justicia que esta democracia que supimos conseguir aun no ha afrontado. Nunca es demasiado tarde. Vamos a dejar atrás una ley obsoleta. Dictada en un tiempo donde existían sólo un puñado de televisores color en todo el país y un elemento de alta tecnología era el fax. Una ley firmada por Videla (responsable del genocidio político) y Martinez de Hoz (responsable del genocidio económico). Una ley fundada sobre la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional. Por eso fue que esa ley nos desapareció la palabra. Aquellos que soñamos por la liberación tuvimos demasiados años la palabra secuestrada, torturada, desaparecida. Aunque jamás fue vencida. Continuó rondando por nuestros barrios, de boca en boca, refugiada a veces en las radios comunitarias, en las revistas barriales y las políticas…
En los tiempos de Alfonsín, asistimos al incesante bombardeo de los tíos Bernardo y Mariano, contra el Estado, preparando el terreno para la aplicación más estricta del Consenso de Washington. Y nuestra palabra era silenciada con el embate de la teoría de los dos demonios, que ponía en el mismo banquillo a víctimas y victimarios. El modelo liberal y dependiente, de rodillas ante el FMI se prologaba en el tiempo. Y la ley de radiodifusión dictatorial también. La democracia había perdido una oportunidad…
Vimos también, durante el apogeo del neoliberalismo, como nuestra palabra era pisoteada por el desmedido peso de la concentración monopólica y oligopólica. Maquillaje en un par de artículos de la ley de Videla y ya estaba lista para servir a esos propósitos. Los grandes medios se constituyeron en grupos económicos, siguiendo el camino general de la economía con las privatizaciones y la transnacionalización económica. El maridaje entre la democracia restringida y el reino absoluto de la voluntad del dios mercado, hizo que millones de argentinos cayeran en la exclusión. Sin pan y sin trabajo, nuestra palabra permaneció en el cono de sombra a la vera de los caminos y las rutas. Por lo menos hasta que empezamos a cortarlas.
Con el grito popular que dijo basta de injusticia y neoliberalismo se empezó a escribir otra historia. Y con Kirchner en el gobierno llegaron a la Rosada algunos de nuestros sueños. Pero aun la ley de la dictadura se resistió ocultándose tras la fuerza creciente de los grupos multimedia. Y les alcanzó la fuerza para arrancar una prolongación de sus licencias…
Por eso es que esta nueva ley, una ley de comunicación de la democracia, constituye un batalla por la palabra. Acaso la madre de todas las batallas. Tenemos que dejar definitivamente atrás los tiempos del silencio, en que los sectores populares no teníamos expresión.
Dentro de la palabra que queremos recuperar está, sin duda, la resignificación y el rescate de la política. Sin política no hay transformación posible. Y nuestra palabra política está enterrada bajo los escombros del bombardeo desinformativo, la frívola faradulización de los mensajes, y los intereses comerciales y económicos de los grupos económicos mediáticos.
En definitiva, los medios masivos de comunicación -con un nivel de concentración que sorprende incluso a los ojos de las grandes potencias del capitalismo- son el principal mecanismo de aplicación de la exclusión política. La política es demonizada, convertida en el chivo expiatorio de todos los males de la república. Así, los políticos son únicos los padres de todas las crisis. Jamás habremos de escuchar una autocritica acercad de la co responsabilidad del sector empresario. Los políticos –de forma indiferenciada, los revolucionarios y los reaccionarios en la misma bolsa- son seres corruptos que hay que alejar de la vida cotidiana de Pueblo, convertido en un nuevo escamoteo de palabras en gente. Gente preocupada por las cosas que les preocupan a ellos… Ellos que aunque tienen pleno ejercicio de su libertad de prensa y ni hablar de su excesiva libertad de empresa, dicen que están perseguidos e interferidos. Con la misma valentía que callaron ante la dictadura mientras desaparecían nuestros compañeros y se desvivieron en elogios hacia los dictadores. Casi da risa, si no fuera trágico.
Los monopolios y oligopolios mediáticos son una gran trinchera para la defensa de los intereses de sectores minoritarios que van a defender sus privilegios a capa y espada. Sus propios intereses en tanto grupos económicos.
Por eso es que esta ley es estratégica.
Los ejes de la propuesta de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual son claros. Es preciso garantizar el derecho a la información, además de a la libre expresión.
El hecho de declararla “una actividad de interés público” (art. 2) y no una mera cuestión comercial, regida por la libertad de mercado y el mero tráfico de mercancía (tal como lo hacía la dictadura) es clave. Siendo la comunicación parte del interés público, el Estado tiene el derecho y el deber de intervenir, de regular, de controlar los abusos y los excesos. Sin la intervención del Estado nuestros derechos se parecen a la libertad del gallinero. La libertad de que el zorro se coma a la gallina se coma al zorro. O en su otra versión: que el que se pare en el palo de arriba siempre nos cague.
Otra cuestión central es como se divide el espectro. Un tercio para la comunicación comercial. Un tercio para la pública, es decir, para la emanada de los órganos del Estado, con el debido control democrático.
Y finalmente, el otro tercio (art. 77) es para las organizaciones sin fines de lucro (a las organizaciones libres del Pueblo –en el camino de rescatar palabras-). Eso rompe con la esencia de la ley de la dictadura que sólo permitía a las entidades comerciales ser propietarias de licencias.
Pero la ley no será un punto de llegada sino un punto de partida. Las mayorías populares deberán aprender a darse herramientas de comunicación para recuperar la palabra y que la ley no sea letra muerta. Para evitar, por ejemplo, que el tercio de las organizaciones sin fines de lucro se convierta en el tercio de los testaferros o bien en un tercio inexistente por la incapacidad de gestionarlo económicamente. Es ahí donde es preciso darse una política estrategia de alianza con aquellos sectores con mayor fuerza económica pero con intereses contradictorios con los grandes monopolios como por ejemplo las grandes cooperativas y mutuales.
En síntesis, nos enfrentamos a la gran batalla por recuperar la palabra. El desafío de conquistar nuestro derecho a la información. Nuestro derecho a comunicarnos. Nuestro derecho de dejar atrás de una vez y para siempre los tiempos de la oscuridad y el silencio.
En los tiempos de Alfonsín, asistimos al incesante bombardeo de los tíos Bernardo y Mariano, contra el Estado, preparando el terreno para la aplicación más estricta del Consenso de Washington. Y nuestra palabra era silenciada con el embate de la teoría de los dos demonios, que ponía en el mismo banquillo a víctimas y victimarios. El modelo liberal y dependiente, de rodillas ante el FMI se prologaba en el tiempo. Y la ley de radiodifusión dictatorial también. La democracia había perdido una oportunidad…
Vimos también, durante el apogeo del neoliberalismo, como nuestra palabra era pisoteada por el desmedido peso de la concentración monopólica y oligopólica. Maquillaje en un par de artículos de la ley de Videla y ya estaba lista para servir a esos propósitos. Los grandes medios se constituyeron en grupos económicos, siguiendo el camino general de la economía con las privatizaciones y la transnacionalización económica. El maridaje entre la democracia restringida y el reino absoluto de la voluntad del dios mercado, hizo que millones de argentinos cayeran en la exclusión. Sin pan y sin trabajo, nuestra palabra permaneció en el cono de sombra a la vera de los caminos y las rutas. Por lo menos hasta que empezamos a cortarlas.
Con el grito popular que dijo basta de injusticia y neoliberalismo se empezó a escribir otra historia. Y con Kirchner en el gobierno llegaron a la Rosada algunos de nuestros sueños. Pero aun la ley de la dictadura se resistió ocultándose tras la fuerza creciente de los grupos multimedia. Y les alcanzó la fuerza para arrancar una prolongación de sus licencias…
Por eso es que esta nueva ley, una ley de comunicación de la democracia, constituye un batalla por la palabra. Acaso la madre de todas las batallas. Tenemos que dejar definitivamente atrás los tiempos del silencio, en que los sectores populares no teníamos expresión.
Dentro de la palabra que queremos recuperar está, sin duda, la resignificación y el rescate de la política. Sin política no hay transformación posible. Y nuestra palabra política está enterrada bajo los escombros del bombardeo desinformativo, la frívola faradulización de los mensajes, y los intereses comerciales y económicos de los grupos económicos mediáticos.
En definitiva, los medios masivos de comunicación -con un nivel de concentración que sorprende incluso a los ojos de las grandes potencias del capitalismo- son el principal mecanismo de aplicación de la exclusión política. La política es demonizada, convertida en el chivo expiatorio de todos los males de la república. Así, los políticos son únicos los padres de todas las crisis. Jamás habremos de escuchar una autocritica acercad de la co responsabilidad del sector empresario. Los políticos –de forma indiferenciada, los revolucionarios y los reaccionarios en la misma bolsa- son seres corruptos que hay que alejar de la vida cotidiana de Pueblo, convertido en un nuevo escamoteo de palabras en gente. Gente preocupada por las cosas que les preocupan a ellos… Ellos que aunque tienen pleno ejercicio de su libertad de prensa y ni hablar de su excesiva libertad de empresa, dicen que están perseguidos e interferidos. Con la misma valentía que callaron ante la dictadura mientras desaparecían nuestros compañeros y se desvivieron en elogios hacia los dictadores. Casi da risa, si no fuera trágico.
Los monopolios y oligopolios mediáticos son una gran trinchera para la defensa de los intereses de sectores minoritarios que van a defender sus privilegios a capa y espada. Sus propios intereses en tanto grupos económicos.
Por eso es que esta ley es estratégica.
Los ejes de la propuesta de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual son claros. Es preciso garantizar el derecho a la información, además de a la libre expresión.
El hecho de declararla “una actividad de interés público” (art. 2) y no una mera cuestión comercial, regida por la libertad de mercado y el mero tráfico de mercancía (tal como lo hacía la dictadura) es clave. Siendo la comunicación parte del interés público, el Estado tiene el derecho y el deber de intervenir, de regular, de controlar los abusos y los excesos. Sin la intervención del Estado nuestros derechos se parecen a la libertad del gallinero. La libertad de que el zorro se coma a la gallina se coma al zorro. O en su otra versión: que el que se pare en el palo de arriba siempre nos cague.
Otra cuestión central es como se divide el espectro. Un tercio para la comunicación comercial. Un tercio para la pública, es decir, para la emanada de los órganos del Estado, con el debido control democrático.
Y finalmente, el otro tercio (art. 77) es para las organizaciones sin fines de lucro (a las organizaciones libres del Pueblo –en el camino de rescatar palabras-). Eso rompe con la esencia de la ley de la dictadura que sólo permitía a las entidades comerciales ser propietarias de licencias.
Pero la ley no será un punto de llegada sino un punto de partida. Las mayorías populares deberán aprender a darse herramientas de comunicación para recuperar la palabra y que la ley no sea letra muerta. Para evitar, por ejemplo, que el tercio de las organizaciones sin fines de lucro se convierta en el tercio de los testaferros o bien en un tercio inexistente por la incapacidad de gestionarlo económicamente. Es ahí donde es preciso darse una política estrategia de alianza con aquellos sectores con mayor fuerza económica pero con intereses contradictorios con los grandes monopolios como por ejemplo las grandes cooperativas y mutuales.
En síntesis, nos enfrentamos a la gran batalla por recuperar la palabra. El desafío de conquistar nuestro derecho a la información. Nuestro derecho a comunicarnos. Nuestro derecho de dejar atrás de una vez y para siempre los tiempos de la oscuridad y el silencio.
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