LAS CACEROLAS DE BARRIO NORTE (Germán Ibáñez)

En la noche del 25 de marzo, volvieron a resonar las cacerolas en algunos barrios porteños y en ciudades del interior del país, pero poco tuvieron que ver con aquellas jornadas de protesta ciudadana que eclosionaron finalmente en diciembre del año 2001. Por entonces, miles de pequeños ahorristas con sus depósitos confiscados confluyeron con todos los sectores sociales que desde mucho tiempo antes venían manifestando su repudio a las políticas neoliberales que enajenaron el patrimonio nacional y aumentaron exponencialmente la pobreza. Ahora, luego de algunos años de crecimiento económico que recompuso el ingreso de la parte acomodada de las clases medias y disminuyó los índices de pobreza y desempleo, suena nuevamente el repiqueteo de las emblemáticas cacerolas. ¿Cómo se explica esta protesta de una clase media favorecida objetivamente por las políticas económicas impulsadas por el “kirchnerismo”?

La interpretación que aparece de manera más inmediata es la que parece esbozar las leyendas escritas en algunos carteles de los que se manifestaron: “estamos con el campo”. Claro que en los cánticos de la jornada, y las respuestas que dieron algunos participantes ante las preguntas de los cronistas que cubrieron la protesta, aparecen otras causas: el “autoritarismo” y la “soberbia” de la Presidenta Cristina Fernández (y su cónyuge y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner). Son dos cosas distintas, y conviene preguntarse por ambas.

¿Qué significa “estamos con el campo”?

Lo primero es precisar quiénes están con el campo; sin desmedro de que en integrantes de otros estratos sociales exista simpatía por la posición asumida por las dirigencias ruralistas, lo que la jornada de ayer mostró es a la clase media acomodada de Belgrano, Palermo y otros barrios porteños manifestándose en sus zonas residenciales o marchando a Plaza de Mayo. Insistimos en que son sectores favorecidos por la política económica vigente; sin embargo ahora asumen una pública oposición al gobierno nacional aduciendo “solidaridad” con los productores agropecuarios.

En realidad, esta historia es vieja: la recurrente sumisión ideológica de las clases medias acomodadas al patrón cultural establecido en la vieja Argentina agropecuaria. Durante el apogeo del Estado oligárquico y del modelo agro exportador de economía abierta que encadenó nuestro país a los imperativos económicos de Gran Bretaña, se consolidó una cosmovisión cultural que reflejaba los intereses de los grandes terratenientes de la Pampa húmeda. Fue la era del “progreso”, heredera de los conquistadores del “Desierto” (¿desierto?) y de los positivistas sin fe en el pueblo pero encandilados con Europa. Los políticos conservadores y los intelectuales orgánicos de la oligarquía, los grandes diarios, la Universidad y la escuela, construyeron la visión de un país “exitoso”, gracias a la potencialidad de su producción agropecuaria, claro que ocultando el aplastamiento de las insurgencias gauchas en las represiones cruentas de la presidencia de Bartolomé Mitre, y el marginamiento de las multitudes trabajadoras, criollas e inmigrantes. Un principio fue establecido y divulgado entonces con insistencia, hasta convertirlo en sentido común: el Estado no debía intervenir en la economía, pues eran los propios actores económicos los que asegurarían la “prosperidad” del país.

Sin embargo, pronto aparecieron las voces de quienes cuestionaban el status quo oligárquico: una República sin soberanía popular, sin autodeterminación nacional, sin distribución de la riqueza (justicia social). En esa dirección se orientaron el naciente movimiento obrero y partidos políticos de vocación popular: primero el radicalismo de HipólitoYrigoyen y luego, y más consistentemente, el peronismo. Se trataba de redistribuir la riqueza, y de ampliar los horizontes productivos del país asegurando una mayor independencia económica frente a las grandes metrópolis del Norte; para eso había que buscar la riqueza adonde estaba. Y el Estado, ampliado democráticamente por la irrupción de los movimientos populares, se transformaba en el instrumento para reorientar la renta nacional y favorecer un mayor desarrollo económico. Especialmente el peronismo, entre los años 1946 y 1955, que intentó aprovechar la extraordinaria renta agraria para financiar el crecimiento industrial y sostener su política social: pleno empleo, aumento de la parte de los asalariados en la riqueza nacional, alta tasa de sindicalización, extensión de los derechos del trabajador (inclusive en la Carta Constitucional).

Esa distribución de la renta nacional, fue resistida furiosamente por los terratenientes, que condenaron abiertamente la “intervención del Estado” en la economía; eran los mismos intereses que durante la crisis de los años ’30 instrumentaron el intervencionismo estatal para salvar sus propiedades. Allí quedó claro que ese sector social considera un “abuso confiscatorio” cualquier intervención del Estado que no tenga como fin “salvarle las papas” en las crisis o asegurarle las máximas garantías de rentabilidad sin ninguna contrapartida de responsabilidad social.

Para dotarse de una base de masas acudieron entonces, y después, a la cosmovisión instaurada durante los “años gloriosos”, y señalaron al enemigo: la política “estatista” que esquilmaba a los verdaderos creadores de la riqueza y sostenía la “demagogia” peronista. Las clases medias más acomodadas, socializadas en esa visión del mundo, se acoplaron a la posición oligárquica, y aplaudieron la caída del “tirano demagogo”. La sensibilidad “democrática” de esas clases medias no era herida por la violencia abierta de la Revolución Libertadora, con sus fusilamientos, persecuciones políticas, torturas generalizadas y detenciones arbitrarias. El intervencionismo “desmedido” fue denunciado entonces, y se procuró restituir la parte de la riqueza que le tocaba a los “verdaderos productores”: es decir a los privilegiados, que ya no eran solamente la vieja oligarquía vacuna sino también la nueva burguesía industrial.

El Estado intervino en la economía, a despecho de la ideología liberal, claro que para sostener la “rentabilidad” de los poderosos; así se sucedieron “Patrias contratistas” y “Patrias financieras” apoyadas siempre en gobiernos dictatoriales con infinitas excusas a mano para postergar el reparto equitativo de la riqueza. De Martínez de Hoz a Cavallo, los Ministros de Economía ponderaron las virtudes del mercado y condenaron la aberración del estatismo, pero siempre instrumentaron al Estado para asegurar el marco jurídico –político de las grandes ganancias de los más poderosos empresarios, incluyendo los terratenientes, los “inversores” extranjeros y los acreedores internacionales. De distribuir la riqueza…nada.

Para que estas políticas tuvieran un mínimo de consenso y asegurar la “gobernabilidad”, fue necesaria la gran sangría popular de la última dictadura militar (¿es necesario recordar nuevamente a Martínez de Hoz, de familia terrateniente, en la máxima conducción económica?), y la poderosa orquestación mediática que, al retorno de la democracia, no cejó de insistir con que “el Estado es mal administrador”. De esta ideología es tributaria la clase media acomodada porteña, que acaba de votar a Macri porque no quiere ver cartoneros, y que se “solidariza” con el campo mientras murmura contra la negrada piquetera. ¿Se solidariza con los productores rurales? En realidad, no se solidariza con nadie fuera de ella misma. Lo que sucede es que repite, una vez más, el viejo patrón oligárquico antiestatista: el gobierno no debe meter la mano en el bolsillo de los “verdaderos productores”. Esa es la cuestión. “Estamos con el campo” significa: estamos contra cualquier gobierno que meta la mano en las “justas ganancias” de los actores privados, y sobre todo si aduce como argumento la distribución de la riqueza. Ese es el argumento “demagógico”, se alarman, y ya imaginan a la negrada recibiendo prebendas “por no hacer nada”, lo cual nos lleva a la segunda causa de la jornada cacerolera del 25 de marzo.

¿Un gobierno autoritario?

Es curioso como se fue generalizando en las clases medias acomodadas la idea de un presunto “autoritarismo” de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Si eso fuera cierto ¿cómo llamar entonces al gobierno de De la Rúa, que dejó más de veinte muertos en las calles antes de retirarse, o al gobierno de Duhalde, bajo cuya gestión cayeron asesinados los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán? Ni que hablar de las dictaduras terroristas. En realidad, la acusación de “autoritarismo” no se sostiene en ninguna avalancha represiva, sino que ha sido divulgada concienzudamente por los grandes medios de comunicación, en virtud de cierto “estilo” blindado de la pareja gobernante. Tal vez la derecha económica, política y mediática agradecería que estos últimos gobiernos se aviniera a negociar amablemente su proyecto de país con ellos. Entonces hablarían de “grandes acuerdos democráticos”, de “políticas de Estado” y archivarían los argumentos maliciosos sobre la soberbia y el autoritarismo presidencial. Ser “democrático” es cumplir con el mandato popular, no transar el programa de gobierno en las roscas con la oposición, bajo la amable tutela de los operadores políticos de los grandes medios.

La clase media acomodada salió anoche a repudiar el “estilo de gobierno” que los diarios, radios y programas de televisión afirman que cultivan la actual Presidenta y su antecesor. El gobierno, en boca de la principal mandataria, salió a reafirmar su posición: ¿es eso más autoritario que el lock out que desabastece de productos básicos, o que la especulación de algunos vivos que hacen subir los precios? Debe darse un gran debate nacional acerca del problema agropecuario: la concentración de la propiedad de la tierra, el crecimiento exponencial del cultivo de soja, el desmonte de bosques, la explotación de la mano de obra asalariada rural, el desplazamiento marginación de pequeños campesinos y comunidades originarias. No fue eso lo que la clase media acomodada de la Capital Federal quiso plantear con sus cacerolas, sino una oposición ideológica y política al actual gobierno nacional, al que acusa de “autoritario”, repitiendo como loros lo que difunde la derecha mediática.

Tal vez quiera un gobierno que le asegure altos ingresos sin asumir el costo de distribuir la riqueza, que no es otro que el de enfrentar a los poderosos que se niegan a recortar sus ganancias. O un gobierno sin “piqueteros” oficialistas, que contaminan con el tufo de una negrada que quiere recibir dádivas sin trabajar. Ayer la chusma plebeya y el aluvión de los cabecitas negras, hoy la mugre de los cartoneros y la negrada piquetera, esos son los nombres del prejuicio de una clase media que naturaliza la “justa ganancia de los verdaderos productores” y abjura de la ardua tarea retomar el desarrollo nacional con autodeterminación y justicia social. Y para hacerlo no hay oro camino que recortar las ganancias de los que más tienen. Este gobierno debería ser juzgado por si se acerca o no a una más justa distribución de la riqueza, no por un presunto “autoritarismo” que es solo el nombre actual de un viejo prejuicio antiplebeyo.